En lo corrido del presente año, la Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de 117 personas por delitos ambientales, teniendo en cuenta el más reciente resultado realizado por los uniformados, donde fue intervenido un gigantesco complejo de minería ilegal en el departamento de Chocó que al parecer era una fuente ilícita de financiación para el grupo armado del ‘Clan del Golfo’.
Así las cosas, mediante 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales en el territorio nacional, que en 21 de estos procedimientos, dejan 55 sujetos judicializados, quienes han dañado los bosques naturales de la Amazonía, zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales.
De esta manera, los operativos liderados por el ente acusador, en un trabajo articulado con la fuerza pública, han permitido intervenir 7.585 hectáreas deforestadas, que equivalen a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol (en comparación). De otra parte, contra la minería ilegal se han ejecutado 21 operaciones, con 59 capturados, en departamentos como Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.
Además, el más reciente resultado, la Fiscalía a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Chocó, en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía y el Ejército Nacional, intervinieron un complejo de explotación ilícita de minerales sobre un afluente del río Atrato, entre el corregimiento de Tutunendo y Quibdó, en Chocó.
Asimismo, ocho excavadoras y tres motores de succión, que superan en valor los 2.500 millones de pesos, fueron destruidos de manera controlada por parte de las autoridades, donde un grupo de personas intervinieron en el procedimiento, quienes no permitieron la captura en flagrancia de los presuntos responsables de afectar este sector del Atrato, río declarado como sujeto de especial protección, conservación, mantenimiento y restauración, por parte de las autoridades ambientales.
