La Fiscalía General de la Nación, acusó en las últimas horas formalmente al exgobernador de La Guajira, José María Ballesteros Valdivieso, quien sería presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. De acuerdo con las investigaciones, los hechos están relacionados con posibles irregularidades de contratación durante el periodo en el que estuvo en el cargo.

Así las cosas, dos contratos específicos pretendían garantizar la alimentación y transporte para los estudiantes de las comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables del departamento, donde el mandatario habría fallado en sus deberes de vigilancia y supervisión de la contratación, y permitió que se destinaran y pusieran en riesgo recursos de regalías en los dos procesos contractuales que avaló.

Inicialmente, el Plan de Alimentación Escolar - PAE, se suscribió un contrato el 19 de marzo de 2015 con el consorcio ‘Nutriendo Escolares de La Guajira’, el cual tenía como objeto suministrar complementos en la mañana y almuerzos para estudiantes de preescolar, básica primaria, y básica secundaria y media de 15 municipios, durante 125 días. Además, el contrato recibió una adición por lo que el valor total ascendió a $41.064’418.760, donde se identificaron errores de cálculo y falta de justificación en los costos establecidos.

A esto se suma que los peritos contables del CTI de la Fiscalía establecieron un detrimento patrimonial superior a 13.200 millones de pesos, representado en sobrecostos y pagos por raciones que nunca se entregaron. Asimismo, en las verificaciones se acreditó que la Gobernación de La Guajira pagó $1.759 por cada complemento de la mañana, un valor superior al definido por el Ministerio de Educación, de $971 unidad. De otra parte, desembolsó $2.097 por cada almuerzo, una cifra por encima de los $1.320 establecidos por el Gobierno Nacional.

El otro contrato cuestionado tiene que ver con la ‘Unión Temporal Anas Watta Kai’, el cual fue suscrito el 6 de mayo de 2015, donde el funcionario contempló garantizar el servicio de transporte escolar para la población infantil de bajos recursos, valor que ascendió a $9.310.604.160 y tuvo un plazo de ejecución de 88 días. De acuerdo con la Fiscalía, en este proceso se habría descalificado a otro oferente que tenía la capacidad de cubrir el objeto del contrato y, mediante diferentes actuaciones, presuntamente se favoreció a la unión temporal.

De igual manera, las investigaciones indican que tampoco hubo estudios previos de rigor sobre el número y tipo de vehículos necesarios, ni las instituciones o alumnos a beneficiar. Llamó la atención que para la prestación del servicio se incluyeron municipios fuera de la cobertura del departamento y del resorte de otras gobernaciones, como El Paso, en Cesar, ubicado a 367 kilómetros de Riohacha, capital de La Guajira.

Finalmente, la audiencia preparatoria de juicio en contra del exgobernador, José María Ballesteros Valdivieso, comenzará en la fecha que defina la Sala Especial del Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia y de esta manera, dictaminar la situación del funcionario.