Alcaldia
  |   13.Mayo.2022   |   Por:  
Javier Soto

Atención: Tutela interpuesta por el alcalde Hurtado fue remitida a los Juzgados Administrativos de Ibagué

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Tomada de internet
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumentó que carece de competencia para asumir el conocimiento de ese caso.
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La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carmen Alicia Rengifo Sanguino declaró que ese despacho carece de competencia para conocer en primera instancia la acción de tutela que presentó ayer el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado con el propósito de tumbar la suspensión de tres meses que le impuso la Procuraduría por su presunta participación en política en favor de Federico Gutiérrez.

El recurso interpuesto por Hurtado fue remitido por la magistrada Rengifo Sanguino a los Juzgados Administrativos de Ibagué para que sea resuelto en los próximos días.

“Como queda evidenciado, las pretensiones de la parte actora están dirigidas a que se deje sin efecto el auto de 10 de mayo de 2022, proferido por el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, por lo cual para el sub lite no aplica la competencia asignada en el numeral tercero subrayado, en razón a que el acto cuestionado no fue proferido por la Procuradora General de la Nación. Tampoco es de los casos regulados en el numeral 4o, pues el funcionario emisor de la suspensión cuestionada, no interviene como delegado ante un Despacho Judicial, sino que ha actuado en ejercicio de la función disciplinaria”, expresa el documento en el que se envía la tutela a los Juzgados Administrativos de Ibagué.

Ecos del Combeima pudo establecer que por un error de radicación, la tutela llegó inicialmente al Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y luego pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Durante la rueda de prensa de ayer, en la que anunció que iba a presentar una acción de tutela, el alcalde Andrés Hurtado indicó que la Procuraduría violó el debido proceso y su derecho a la legítima defensa.

En caso de que nieguen la tutela, el alcalde podría acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para regresar al cargo.