En las últimas horas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo declaraciones y otros elementos materiales probatorios que indica la posible participación de Noralba Vasco en las actividades de tipo sexual contra varias menores de edad, que al parecer, fueron víctimas del exjefe paramilitar, Hernán Giraldo Serna, conocido como ‘El Patrón’, ‘El Viejo’, ‘Taladro’ o ‘El Señor de la Sierra’.

De acuerdo con el material de prueba, las autoridades informan que la mujer fue la empleada, cocinera, confidente, amiga y la encargada de custodiar el dinero del entonces cabecilla del 'Bloque Resistencia Tayrona' de las extintas AUC. Además, la femenina presuntamente, captó, trasladó y acogió, por lo menos, cuatro menores de edad que fueron sometidas a distintos vejámenes entre los años 2005 y 2006.

Las pesquisas realizadas indican que Noralba habría ubicado a las adolescentes de 11 y 12 años, en Santa Marta y las llevó a las fincas que Giraldo Serna acostumbraba a estar antes de su desmovilización, en febrero de 2006. Los uniformados que realizaron la investigación señalan que el exjefe paramilitar las habría convencido para que accedieran a los propósitos sexuales, y a cambio les compraba ropa y otros elementos para que estuvieran a su lado.

Asimismo, la Fiscalía comprobó que los hechos se alargaron mientras Giraldo se encontraba privado de la libertad luego del proceso de desmovilización. Teniendo en cuenta lo anterior, Noralba Vasco, presuntamente habría llevado a las menores de edad a los establecimientos carcelarios y gestionó las entradas para que continuaran los encuentros sexuales.

Cabe resaltar que, el exjefe paramilitar estuvo en las cárceles de La Ceja e Itagüí en Antioquia y La Modelo de Barranquilla, donde hay registros del ingreso de las menores de edad en reiteradas ocasiones. Según las autoridades, Noralba presentó documentos en los que se hacía pasar como la mamá o indicaba que eran ahijadas de el hombre que dejó las armas en febrero de 2006.

La Fiscalía indica que la mujer investigada, presuntamente, obtuvo provecho económico de las agresiones sexuales contra las menores de edad e incurrió en conductas de violencia basadas en género, por lo que fue acusada por los delitos de trata de personas agravada y explotación sexual agravada.