Luego que el Tribunal Administrativo del Tolima admitiera la demanda presentada por Gustavo Trujillo Mahecha, contra los 19 concejales de Ibagué involucrados en el aparente despilfarro en una póliza de salud, en una cifra cercana a las 800 millones de pesos, comparecieron ante el despacho tras la denuncia de pérdida de investidura. 

Durante la diligencia que se extendió por al menos dos horas, el abogado Gustavo Trujillo Mahecha, aseguró ante el magistrado José Aleth Ruiz Castro que su demanda tiene asidero en las publicaciones hechas por un medio de comunicación y que desde su lectura constituirían una falta al configurarse una desviación de recursos públicos, causal suficiente para la cancelación de las credenciales de los hoy cabildantes.

Asimismo recalcó que sus acciones no obedecen a ningún interés particular o aspiración política, sino lo que busca es ratificar que los concejales de la ciudad no debieron haber recibido el beneficio de seguridad social a través del pago de una póliza, si al mismo tiempo estaban afiliados al régimen establecido en la ley 100. 

Recordemos que el escándalo salió a la luz pública en el 2021 cuando se descubrió que por más de una década el Concejo de Ibagué estaría al parecer derrochando de recursos públicos en el uso de una póliza de salud que beneficia a padres, esposas, hijos mayores de edad, hijastros, hermanos y hasta sobrinos de los cabildantes, que a la fecha era un servicio con el que sólo contaban las familias más prestantes del país. Entre los lujos que ofrece la póliza se especifica que si el cabildante o uno de sus parientes se enfermaran tienen derecho a:

1) Habitación individual, para no mezclarse con el resto de pacientes.

2) Cama para su acompañante.

3) Enfermera especial.

4) Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) sin límite de días.

5) Atención de enfermedades congénitas para bebés.

6) Asistencia médica en viajes internacionales, entre otros servicios.

Volviendo a la diligencia, el representante del  ministerio público, Rigoberto Bazán, desestimó lo dicho por el demandante respecto de la póliza de salud al considerar que este es un derecho que desde la ley les asiste a los concejales, sin embargo, el delegado de la Procuraduría General de la Nación advirtió que sería necesario establecer si el valor de los aportes como afiliados al régimen se seguridad sociales de los 19 concejales resultaba inferior al valor de la prima de seguro que se pagó, en el marco de la adquisición de dichos seguros en los años 2020 y 2021.

Respecto a la defensa de los concejales, fueron enfáticos en cuestionar las imprecisiones en la diferenciación entre póliza de salud y medicina prepagada evidenciadas en el texto de la manda agregando que los procesos contractuales se dieron de manera legal.

Cabe mencionar que por parte del demandante se aseguró que de ser procedente el pago de este beneficio debió otorgarse solo a los cabildantes y en ningún caso a sus esposas o hijos y que de ser así estarían inmersos ante la causal de indebida destinación de recursos.