El juzgado primero penal de Ipiales (Nariño) impuso medida de aseguramiento contra nueve presunto miembros de una red de tráfico de migrantes autodenominada 'Sin FRONTERAS', que delinquía en el puente internacoonal Rumichaca y en los pasos irregulares que conecta a esta población nariñense con el vecino país de Ecuador. 

Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó cargos a los procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes. Los cobijados con la medida judicial son: Luis Albeto Rocero Zúñiga, alias 'Lucifer', supuesto cabecilla de la estructura delictiva; Wilmer Anndrés Rocero Melo, alias 'pin pin'; Jhon Jairo Rocero Zamora, alias 'Mono'; Edgar Gabriel Trejo Romo, 'alias ' el abuelo'; Edgar Albeiro Erazo Yama, alias ' Zancudo'; Jorge Eduardo Gómez Pérez, alias 'Tato'; Marvin Jair Tulcán Chilangua, alias 'El Negro'; Jorge Eliécer Rueda Sánchez, alias 'Chamizo'; y Gustavo Adolfo Ordoñez Alviz, alias 'Caleño'. Una persona más que está recluida en centro carcelario por los mismo delitos, fue vinculada al proceso. 

Por medio de ua fuente humana la Fiscalía evidenció la existencia de este grupo delictivo dedicado al ingreso ilegal a Colombia de ciudadanos de Haití, Cuba, Sierra Leona (África), Bangladesh, China, Siria e Irák.

Se conoció que desde mayo del 2020, la banda coordinaba el desplazamiento terrestre de los migrantes hacia los municipios de Necoclí (Antioquia) y Acandí (Chocó) para llegar a Panamá, de allí a México y luego a Estados Unidos.

De acuerdo con lo establecido, los hoy asegurados presuntamente se encargaban de prestar servicios de hospedaje, transporte y falsificación de documentos migratorios y pasaportes, por lo ucal cobraban entre 250 y 300 dólares, por cada uno, dependiendo de su nacionalidad. 

Igualmente se determinó que para realizar estos traslados, la banda 'Sin Fronteras' utilizaba empresas de turismo como fachada, con viajes a la población chocoana de Acandí, cobrando por el transporte marítimo entre 150 y 200 dólares.

En las diligencias las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares que serán de relevancia para la investigación, Es de anotar que ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.