El Juzgado Octavo Penal Municipal de Control de Garantías de Ibagué, compartió los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, con los que busca continuar la investigación por los hechos ocurridos durante las movilizaciones del pasado 1° de mayo en Ibagué, en los que murió el joven de 19 años, Santiago Andrés Murillo Meneses. 

En ese sentido el juez dio trámite al conflicto de jurisdicciones que será resuelto por la Corte Constitucional, donde se definirá si es la justicia Penal Militar o la justicia ordinaria la que continúe con las investigaciones del caso.

Así mismo, compulsó copias para que sea investigado penal y disciplinariamente el juez 188 de Instrucción Penal Militar quien abrió un proceso simultáneamente por este mismo caso.

En la investigación adelantada por la Fiscalía, se ha establecido que la victima habría sido impactada por un proyectil disparado por un oficial adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué, que en este caso al parecer sería el mayor Jorge Mario Molano, comandante de la estación Norte.

El material de prueba da cuenta de que el uniformado, al parecer, actuó desproporcionadamente y contrario a lo establecido en los protocolos definidos para controlar multitudes.

También hay indicios de que, presuntamente, accionó el arma de dotación sin que hubiera una amenaza contra su vida o la de algún integrante de la comunidad.

Con esos planteamientos la Fiscalía sustentó el conflicto de competencia con la Justicia Penal Militar.

Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa Delgado ha reiterado que la Fiscalía General de la Nación investigar los casos relacionados con afectaciones a los derechos humanos, o que por sus condiciones puedan ser abordadas por la justicia penal ordinaria, para velar por la acción de la justicia.