Carlos Gustavo Palacino Antia, oriundo del Tolima y expresidente de la extinta EPS SaludCoop, fue condenado a 15 años y un mes de prisión por un desfalco superior a 14.000 millones de pesos. El Tribunal Superior de Bogotá lo halló responsable de liderar un entramado de corrupción que desvió recursos públicos destinados al sistema de salud colombiano.

La sentencia también recayó sobre Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, exvicepresidente financiero de la EPS, quien fue hallado culpable junto a Palacino por los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado. Ambos deberán pagar una multa de más de 1.067 millones de pesos (equivalente a 820 salarios mínimos legales vigentes) y estarán inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de siete años y ocho meses.

El caso, que se remonta a irregularidades cometidas entre enero de 2010 y mayo de 2011, reveló que los exdirectivos emitieron cheques por supuestos servicios médicos que nunca se prestaron. Aunque estos documentos eran posteriormente anulados o archivados, SaludCoop los reportaba como pagos efectivos ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), obteniendo así reembolsos millonarios por procedimientos inexistentes.

En total, se comprobó que la EPS recibió 14.269 millones de pesos mediante 2.912 recobros falsos. Además, según el fallo, SaludCoop incumplió con el pago a los prestadores por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y ocultó su delicada situación financiera, atentando contra la legalidad y transparencia en el manejo de recursos públicos.

La condena impuesta a Palacino se convierte en una de las más significativas en el país contra un alto directivo del sector salud, símbolo del colapso del modelo de EPS en Colombia. Durante años, Palacino fue una figura de poder e influencia, hasta que la justicia destapó las prácticas irregulares que contribuyeron al deterioro del sistema de atención médica.

Aunque la decisión aún puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia mediante recurso de casación, el fallo representa un hito en la lucha contra la corrupción en el sector salud y envía un mensaje claro sobre las consecuencias del manejo indebido de recursos públicos destinados al bienestar de millones de colombianos.