JEP cesa investigaciones contra 11 exmilitares por falsos positivos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió suspender las investigaciones en contra de 11 exintegrantes de la Fuerza Pública, adscritos al Batallón de Artillería La Popa, tras determinar que aportaron verdad sobre los crímenes cometidos en el conflicto armado. Estos exuniformados estuvieron involucrados en el homicidio de Nohemí Esther Pacheco Zábata, niña Wiwa de 13 años, y Hermes Enrique Carrillo Arias, joven Kankuamo de 23 años, ocurridos el 9 de febrero de 2005 en la vereda El Pontón, corregimiento de Atánquez, en el Resguardo Kankuamo (Valledupar).
Los exmilitares no fueron catalogados como máximos responsables de estos asesinatos, que hacen parte del patrón macrocriminal identificado por la JEP en 2021. En ese momento, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó a 15 miembros del Batallón La Popa, entre ellos su excomandante, Publio Hernán Mejía, quien actualmente enfrenta juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Entre los beneficiados con la cesación de investigaciones están el teniente Ómar Eduardo Vaquiro Benítez, el cabo primero Boris Alejandro Serna Mosquera y nueve soldados regulares y profesionales. No obstante, el teniente Vaquiro aún enfrenta un proceso parcial, ya que reconoció su participación en otros casos de ejecuciones extrajudiciales.
Según la JEP, los comparecientes cumplieron con los requisitos exigidos para acceder al beneficio, entre ellos, aportar una verdad exhaustiva, reconocer su responsabilidad y contribuir con la reparación de las víctimas. Durante audiencias realizadas en Valledupar entre junio y diciembre de 2024, los exmilitares aceptaron que las víctimas no tenían relación con grupos armados y detallaron cómo alteraron la escena del crimen para hacer pasar los homicidios como bajas en combate.
"El compareciente Angulo Acensio confesó haber sido quien disparó contra Hermes en estado de indefensión: ‘encontré al señor Hermes Carrillo, debajo de un caño, un hueco, estaba sin camisa, como rezando. Cuando yo lo vi, él se sorprendió y, desafortunadamente, disparé mi arma’", reveló la JEP en su informe.
La #JEP resolvió la situación jurídica de 11 miembros de la fuerza pública que cumplieron con los requisitos de aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad y contribuir a la restauración del daño causado por el asesinato de una niña Wiwa y un joven Kankuamo.
Va 🧵 con… pic.twitter.com/0Su9RrqeAe— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 24, 2025
Asimismo, el soldado profesional Deimer Cárdenas Martínez admitió haber disparado contra Nohemí y Hermes. Otros exuniformados detallaron cómo colocaron armas a las víctimas para simular enfrentamientos y las estrategias que usaron para encubrir los hechos ante la justicia ordinaria.
Con esta decisión, la JEP avanza en el esclarecimiento de crímenes de guerra y sigue aplicando su régimen de condicionalidad, que exige a los comparecientes contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas para acceder a beneficios judiciales.
