Con base en los resultados de las labores investigativas adelantadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, un despacho seccional de la misma unidad anticorrupción en Ibagué, adelantó audiencia de formulación de imputación de cargos en contra del actual alcalde del municipio de Cunday, Luis Gabriel Pérez Rivera.

Según se pudo establecer, este mandatario está siendo judicializado por presuntas irregularidades detectadas en un contrato para mitigar la emergencia sanitaria del COVID-19, por la cual actualmente atraviesa el país. 

La misma decisión se extendió a su secretaria de Planeación, Viviana Paola Granada Reyes, y al contratista Luis Albeiro Medina Quintana. 

Los cargos imputados en las últimas horas fueron: contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. 

El contrato

Se trata del contrato 032 de 2020 celebrado el 1 de abril pasado, entre la Alcaldía municipal y la Fundación Crecer Tolima y cuya cuantía fue de 85 millones de pesos con un plazo de ejecución de un mes. 

El objeto del contrato era la compra de insumos para mitigar el riesgo de contagio de la pandemia (COVID-19) en esa localidad tolimense, configurándose como consecuencia una presunta apropiación indebida de los recursos por valor por más de 54 millones de pesos ($54.685.799) por parte del contratista; esto debido a que los investigadores del CTI encontraron sobrecostos en insumos como gel antibacterial y tapa bocas de larga duración, entre otros. 

Sumado a ello, los productos adquiridos por la administración del municipio de Cunday no cumplían con los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) por lo que la entidad los declaró fraudulentos. 

Así las cosas, los hoy acusados deberán seguir compareciendo al proceso, mientras avanza toda la etapa procesal en su contra.