La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) en Tolima ha alertado sobre una crisis en la Fiscalía del departamento debido a la sobrecarga laboral que enfrentan los fiscales, especialmente en el circuito de Ibagué. La situación, según denuncian, pone en riesgo la administración de justicia y la seguridad de los funcionarios.

De acuerdo con el comunicado emitido por Asonal Judicial, los fiscales están manejando hasta 800 carpetas en juicio, además de los casos en etapa de indagación que se les siguen asignando. La crisis se originó a raíz de la resolución 00916 del 1 de octubre de 2024, emitida por la Dirección Seccional de Fiscalías del Tolima, que ordenó una redistribución equitativa de los casos en todas las unidades fiscales. Sin embargo, el pasado 24 de enero, una nueva resolución (00094) modificó lo anterior, exceptuando los casos en juicio de la redistribución, lo que ha dejado a los fiscales de juicio con una carga laboral insostenible.

Según Asonal Judicial, la medida ha generado un grave desequilibrio en la distribución del trabajo, impidiendo que los fiscales cumplan adecuadamente con sus funciones y provocando la acumulación de audiencias y diligencias sin atender. La organización ha calificado la situación como "violencia institucional", ya que la carga excesiva obliga a los fiscales a priorizar qué casos atender, en detrimento del principio de justicia pronta y efectiva.

La Junta Directiva de Asonal Judicial Tolima ha solicitado la intervención urgente de la Comisión Interinstitucional del Tolima y de la Fiscalía General de la Nación para garantizar una redistribución equitativa de los procesos y la asignación de más personal para aliviar la crisis.

"Exigimos equidad e igualdad en la distribución de la carga laboral. La actual situación impide que se garantice el derecho a la justicia y pone en riesgo la labor de los fiscales", expresó Kirov L. Rojas Oviedo, presidente de la subdirectiva Tolima de Asonal Judicial.

Hasta el momento, la Fiscalía General no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Entretanto, la preocupación sigue creciendo entre los funcionarios judiciales y la comunidad, quienes temen que la crisis afecte la eficiencia del sistema de justicia en la región.