El Juzgado Primero Civil del Circuito ordenó a través de una acción de tutela a la Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima y las secretarías de Salud suministrar la atención médica y el acceso a las pruebas COVID-19 para quienes estén recluidos en la permanente central, como también se ordena la realización de exámenes a quienes ingresen al centro de reclusión.

Al igual se le ordena a la Policía Metropolitana y al alcalde Andrés Hurtado, garantizar el acceso a la administración de justicia a los privados de la libertad de manera virtual y entregar los elementos de bioseguridad a los internos, custodios y vigilantes.

Recordemos que este centro de prisión es temporal, por lo que se debe resolver la situación de los reclusos, el lio es que otra acción de tutela no le permite al INPEC el ingreso de nuevos internos al COIBA de Picaleña. Esto debido a lo que ocurrió con el traslado de los reclusos de la Cárcel de Villavicencio que trajo el primer caso de Coronavirus a este centro. 

También se solicita entregar los elementos bioseguridad a los 27 uniformados encargados de la vigilancia y custodia del centro transitorio de reclusión para evitar su contagio y el de las familias.

Esta semana también se conoció otra acción de tutela interpuesta por el abogado Hernando Álvarez Urueña que busca de igual manera proteger los derechos de los internos de la Permanente Central.