El abogado defensor David Palacio ha dado declaraciones sobre el polémico caso de Julián Avellaneda acusado del presunto feminicidio de Katherine Bocanegra, quien fue brutalmente asesinada mientras estaba en estado de gestación. Palacio defendió la reciente libertad de su cliente, obtenida por vencimiento de términos explicando el complejo panorama legal que permitió esta decisión.

Según el abogado, la Fiscalía no logró iniciar el juicio oral dentro de los 120 días establecidos, lo que permitió que Avellaneda, capturado en flagrancia, saliera en libertad. Palacio subrayó que la libertad por vencimiento de términos es un derecho fundamental contemplado en tratados internacionales de derechos humanos. "La presunción de inocencia se mantiene hasta que una persona es vencida en juicio", argumentó, defendiendo el proceso legal que lo llevó a asegurar la libertad de su defendido.

Respecto a la imputación, Palacio explicó que Avellaneda enfrenta cargos por feminicidio agravado y porte ilegal de armas, delitos que conllevan una pena potencial de 50 años de prisión. Sin embargo, el defensor cuestionó la solidez de la imputación de feminicidio, señalando que la Fiscalía no ha podido probar la existencia de "misoginia", uno de los elementos clave para tipificar este delito.

"El feminicidio no es cualquier homicidio contra una mujer", aclaró Palacio, argumentando que el delito requiere demostrar un odio sistemático hacia la mujer, algo que no se ha evidenciado en el caso de Avellaneda. "Aquí estamos ante un homicidio por traición, una decisión trágica nacida del dolor, no de un odio hacia la mujer", sostuvo.

El defensor también se refirió a la controversia generada por una fotografía en la que aparece junto a su cliente, celebrando su libertad. Palacio comparó su situación con la de un médico que salva vidas: "Yo le salvé la libertad a una persona; ese es mi trabajo", afirmó.

El caso continúa en los tribunales, y Palacio dejó claro que Julián Avellaneda se presentará a todas las audiencias restantes, mientras la defensa sigue trabajando para reducir la pena potencial. El abogado concluyó señalando que su labor es garantizar que se respetan los derechos constitucionales de su cliente, independientemente de la opinión pública.