La Procuraduría General de la Nación sigue de cerca la situación de orden público en el departamento del Guaviare, donde cerca de 100 militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes se encontraban desarrollando labores de control y presencia institucional en zona rural de San José del Guaviare, fueron secuestrados. Hoy las autoridades confirmaron que 40 de estos uniformados ya se encuentran en libertad.

Al respecto, el órgano de control rechaza estos eventos que atentan contra los derechos humanos de los 60 uniformados, quienes cumplen más de 48 horas de la privación de su libertad sin que hasta el momento se conozcan decisiones o pronunciamientos frente a su liberación por parte de las personas que los tienen en su poder.

La Procuraduría hace un llamado al Gobierno nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio del Interior, para que implemente a cabalidad los mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación establecidos en los decretos de cese al fuego con los grupos armados ilegales con presencia en el territorio, que permitan la prevención de incidentes, garanticen el ejercicio de derechos ciudadanos de sus pobladores y eviten posibles infracciones al DIH.

A su vez, expresa su preocupación por el uso de vías de hecho por parte de las comunidades en esa zona del país, y hace un llamado para que se respete la vida e integridad de estas personas y no se pierda de vista el apego a los mecanismos legales vigentes para denunciar y requerir la atención de las instituciones del Gobierno nacional, departamental y municipal para que conozcan, acompañen e intervengan en los eventos y situaciones que afecten el goce efectivo de sus derechos.

El Ministerio Público continuará monitoreando la situación de derechos humanos que se presenta en este territorio, vigilando la respuesta efectiva y oportuna de las autoridades en su deber de protección y garantía de derechos de los ciudadanos.​