Con el objetivo de hacer un análisis profundo y crítico a la determinación del Gobierno Nacional de beneficiar de manera transitoria a un sector de la población carcelaria de nuestro país, en la mañana de este jueves, el abogado Alejandra Carranza, entregó sus argumentos sobre las falencias del decreto firmado en la madrugada del pasado miércoles 15 de abril. 

Según el profesional del derecho, el sistema carcelario de Colombia durante muchos años ha venido presentando una complicada problemática de hacinamiento, la cual no ha podido ser solucionado de forma tajante por parte del Ministerio de Justicia; generando condiciones no dignas para la estadía de las personas que han sido condenadas por diferentes delitos, pero también para aquellos que aún se encuentran en etapa de juzgamiento. Recordemos que a los ciudadanos imputados y posteriormente acusados, se les concede la presunción de inocencia hasta que sean vencidos en juicio. 

Así las cosas, en el análisis de Carranza,  se cree que el decreto firmado por el Gobierno tiene unas graves falencias, toda vez que no se pensó debidamente a qué población debería concedérsele este beneficio, pese a que hay algunas características que deben cumplir los internos para poder acceder a la medida de prisión domiciliaria transitoria. 

Recordemos que los jueces con función de control de garantías que dictan una medida de aseguramiento a una persona capturada, la sustentan basados en tres posibilidades; la primera, obstrucción al proceso; la segunda, la reincidencia en la comisión de los delitos y la tercera, un posible intento de fuga. 

Por lo anterior, se considera que esta población carcelaria también debería ser tenida en cuenta, basados en su presunción de inocencia y el alto riesgo de contagio del COVID-19 en el que se encuentran. 

De este modo, se podría descongestionar la capacidad de los establecimientos carcelarios y se estaría protegiendo la vida de una importante cantidad de personas que aún luchan por demostrar su inocencia. 

Teniendo en cuenta todo esto, el abogado recomendó a la ministra de justicia usar el pragmatismo jurídico y hacer un verdadero análisis de lo que es la población carcelaria de Colombia y quienes deberían realmente acceder a esta clase de beneficios. 

Entrevista completa en:

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