Los tres principales implicados en los casos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres, UNGRD, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero no aceptaron las cargos en su vista en la Fiscalía General de la Naciòn, con que siguen abiertas las puertas a una negociación.

Los tres implicados llegaron hacia las nueve de la mañana a la sede del ente acusador, donde en audiencia les imputaron los cargos por corrupción en varios de los contratos de la UNGRD.

Tanto los dos exfuncionarios como el contratista quedaron vinculados formalmente al proceso que por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.

Los implicados están vinculados en el amaño de un contrato por $46800 millones, dinero que fue destinado a la adquisición de  40 carrotanques que , según el contrato, se usarían para llevar agua a las comunidades de La Guajira. Los carros terminaron parqueados y consumidos por el óxido en una guarnición militar. Pero el contrato, tuvo un sobrecosto 7.700 millones de pesos.

Como es de conocimiento público, los vehículos terminaron consumidos por el óxido en una guarnición militar y el contrato tuvo sobrecostos de $7700 millones.

En sus declaraciones tanto Lòpez, Como Pinilla, han dicho que el dinero sobrante se dedicó a pagar a congresistas para impulsar la agenda social del Gobierno en el Congreso de la República.

Aseguraron que en este caso se entregaron $3000 millones al hoy expresidente del Senado, Iván Name Vásquez y $1000 millones a quien fuera en ese tiempo presidente de la Cámara de Representantes, András Calle.

Un documento conocido este jueves señala que Olmedo López aseguró que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, le habría ordenado entregar millonarios contratos a los expresidentes de Senado y Cámara.

También está el sospechoso incremento presupuestal de $1,4 billones que autorizó el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para la UNGRD. 

La próxima vista será el siete de agosto. Ese día se definirá si López, Pinilla y López Rosero son cobijados con medida de aseguramiento o a prisión domiciliaria mientras avanza el proceso. Por ahora siguen en libertad.

El Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá prohibió, como medida preventiva, comercializar alguno de sus bienes mientras estén inmersos en el proceso.