Hasta la zona rural del municipio antioqueño de Andes, más exactamente en la vereda Santa Inés; autoridades se desplazaron para capturar a Leider Garzón Martínez, alias Borugo o Juan Carlos, quien era solicitado por el Juzgado Septimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ibagué, por su presunta participación en una organización delictiva denominada 'Los Pilosos', la cual estaba dedicada a cometer extorsiones y desplazamientos forzados en la zona sur occidental de este departamento. 

Garzón Martínez quien es desmovilizado de la guerrilla de las Farc, fue detenido por servidores del Grupo de Libertad Individual del CTI de la Fiscalía, en articulación con servidores de la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) y el Gaula Militar Tolima, tras lograr detectar su ubicación a través de labores de inteligencia. 

La Fiscalía lo investiga por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, los cuales le imputaron en audiencias concentradas en el Palacio de Justicia de la capital tolimense, ante un juez de control de garantías.

Al parecer en complicidad con otros sujetos quería rearmar el extinto grupo, cometiendo actividades ilícitas contra la población civil.

Se trata de los hermanos Wilfred Criollo Tovar, alias Piloso y José Alexis Criollo Tovar, alias Alex, quienes en coordinación con Pablo Quesada Cortés, alias Fabián Quintero y con alias El Borugo, estaban asediando a comerciantes, finqueros y ciudadanos del común de esa parte del Tolima, exigiéndoles altas sumas de dinero a nombre de las disidencias del frente 21 de las Farc. Según la denuncia, estos hechos habrían ocurrido entre julio y octubre de este año.

Estos tres hombres fueron capturados la semana pasada, también como presuntos integrantes de la estructura criminal en zona rural de Chaparral, por concierto para delinquir con fines de extorsión, almacenamiento y uso de prendas de las Fuerzas Militares; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso personal; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares; y empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonales, todos agravados.

Por ahora los capturados permanecen privados de la libertad, mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.