A Picaleña fue enviada la juez de Ataco y sus dos familiares
Por los delitos de homicidio tentado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, la Fiscalía imputó cargos y obtuvo medida de aseguramiento intramural en contra de tres personas, entre ellas la juez municipal del municipio de Ataco, Lilia Alberta Ospina Fuentes.
Los otros dos detenidos fueron identificados como María Alberta Fuentes Ortegón y José Ismael Ortegón Caicedo, madre y tío respectivamente de la funcionaria, quienes según las investigaciones se pusieron de acuerdo para urdir un plan que tenía como objetivo principal acabar con la vida de la nueva pareja sentimental de su ex esposo, pero antes de ello, ordenó asesinar a su ex hijastra al considerarla un estorbo en la relación con el papá.
Según las investigaciones recopiladas a la fecha, la funcionaria le habría pagado a dos sujetos para que asesinaran a Mirna Yisela Torres Sáenz (nueva pareja), atentado sicarial que fue ejecutado el 20 de marzo del presente año en el barrio Parrales de la ciudad de Ibagué, cuando la víctima resultó herida con los proyectiles de un arma de fuego, mientras se movilizaba en su vehículo en compañía de otra mujer.
Así mismo se pudo establecer que en complicidad con sus familiares, la juez supuestamente planeó el atentado que fue protagonizado por Juan David López Orozco y José Raúl Vélez Torres, quienes minutos después fueron detenidos como los posibles autores materiales del hecho.
Se tiene conocimiento que estos hombres fueron contactados en febrero y traídos desde Granada en el departamento del Meta, al parecer, por la progenitora de la funcionaria, mientras que su tío habría conseguido las armas para cometer el crimen. Por ello las mujeres fueron imputadas en calidad de determinadoras.
En el transcurso de la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, se dejó entrever que la juez Ospina Fuentes tendría la intención de mandar a ejecutar el homicidio de su hijastra de 29 años, por problemas personales. Sin embargo, este jamás se ejecutó debido a que no pudieron localizar a la joven en la ciudad Cali, lugar donde reside, de tal forma que finalmente desistieron del plan por órdenes de la jueza y empezaron a hacerle seguimiento a la señora Gisela Torres Sáenz.
Entre los elementos de prueba y evidencia física con los que cuenta el ente acusador, se encuentran las búsquedas selectivas en bases de datos, donde se constató que la funcionaria hizo varios giros por altas sumas de dinero a los presuntos sicarios.
También se realizaron inspecciones judiciales, experticios técnicos, análisis link y de información; declaraciones juradas de la víctima en las que asegura que su única enemiga es la procesada de quien habría recibido mensajes y llamadas intimidantes, entre otras labores propias de policía judicial que fueron realizadas por miembros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Ibagué.
Vale la pena señalar que después de dos días de audiencia ninguno de los procesados aceptó los cargos, pero aún así se le envió a la cárcel donde permanecerán hasta resolver si situación jurídica.
Entre tanto, se ha solicitado investigar las causas reales del fallecimiento de uno de los sicarios (José Raúl Vélez Torres). Al parecer desde el INPEC se informó que el hombre el pasado 26 de junio sufrió una falla cardíaca, la cual derivó en su muerte; sin embargo, el certificado de defunción de Medicina Legal señaló que había sufrido una muerte violenta.
