Ocho jueces penales de Circuito en la ciudad denuncian que están siendo víctimas de amenazas contra su integridad y las de sus familias.

Cabe anotar que algunos de los procesos generales que se llevan en el Palacio de Justicia tienen que ver con algunos políticos.

Los jueces firmaron un documento en el que incluso exigen se les mejore la seguridad, que al parecer carece de medidas adecuadas.

"Hacemos un llamado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Director Seccional de la Rama Judicial, para que se adopten medidas que resguarden la vida e integridad de los funcionarios amenazados", señala algunos apartes del escrito.

Pese a dichas amenazas los jueces han indicado que seguirán ejerciendo sus labores pese al riesgo por el que están pasando.

Los togados exigen sean escuchados para el mejoramiento de su seguridad.

LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ INFORMAN A LA OPINION PÚBLICA

Establece el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, que “los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la Ley”.

Apegados a éste axioma, quienes ejercemos en esta ciudad la dignísima función de administrar justicia, habiendo llegado a estos cargos previo concurso de méritos; garantizamos a toda la ciudadanía nuestro compromiso indeclinable de cumplir honesta y rectamente el deber que se nos ha encomendado, pronunciando a través de nuestras sentencias, la respuesta punitiva del Estado, frente a todos aquellos que vulneran los derechos de los conciudadanos y los intereses de la sociedad.

Precisamente, el cumplimiento honesto e intachable de nuestra labor, ha generado la reacción de la delincuencia y por ello informamos que en los últimos siete días, hemos recibido dos amenazas directas contra la vida de dos Jueces y sus familias, las cuales tienen relación con procesos penales que están en su conocimiento y que, en al menos uno de los casos, puede involucrar a la clase política de esta ciudad.

Rechazamos enérgicamente cualquier amenaza o acto de intimidación en nuestra contra, nuestros familiares y colaboradores.

Denunciamos públicamente la existencia de las mismas, esperando la pronta respuesta y efectiva protección de parte de las autoridades competentes.

Rechazamos la desidia de la Policía Nacional, que pese a las solicitudes, no proporciona medidas de protección serias, permanentes y adecuadas.

De igual forma, hacemos un llamado a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Director Seccional de la Rama Judicial y a la oficina de asesoría para la seguridad de la Rama Judicial, para que en cumplimiento de las funciones encomendadas en los artículos 84 y 103 de la Ley 270 de 1996, adopten inmediatamente, medidas idóneas y eficaces, en aras de resguardar la vida e integridad de los funcionarios amenazados, especialmente las medidas de emergencia a que alude el artículo 9o del Decreto 4912 de 2011. Así mismo, para que se adelanten los trámites ante la Unidad Nacional de Protección, cumpliendo los requisitos exigidos en el aludido Decreto.

Exigimos garantías de seguridad y una actitud diligente de las autoridades frente a estos vejámenes; así como nosotros ratificamos ante la ciudadanía, nuestra responsabilidad inamovible de administrar justicia, pese al inminente riesgo al que estamos expuestos. La sociedad ibaguereña puede estar segura, que sus jueces no se dejan atemorizar, ni por el más encumbrado de los poderosos y por ello clamamos su solidaridad.