La Fiscalía logró esta madrugada medida de aseguramiento en centro de reclusión del alcalde de Villarica, Arley Beltrán, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo por 10 contratos, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público en 27 oportunidades; cargos que no aceptó.

Según el fiscal seccional de la unidad que tiene el caso, los hechos se presentaron durante el año 2016, cuando el imputado en calidad de mandatario del municipio tolimense, celebró 10 contratos de manera irregular, violando los principios de contratación tal y como lo exige la ley, ya que el tipo de contrato suscrito con supuestamente dos fundaciones, debieron haberse realizado mediante invitación pública y no por selección directa o a dedo, tal y como al parecer lo hizo el funcionario, ya que le dio los contratos a funcionarios de la entidad y a terceros, diferentes a las fundaciones que supuestamente eran las cooperantes, por una suma cerca a los $281 millones.

Al hacer esto, suscribió actas de inicio de convenio de cooperación, minutas, y contratos de interés público con contenido falso, pues se logró comprobar que los representantes de las fundaciones jamás asistieron a las reuniones para firmar dichos documentos, las actas de inicio se firmaron tiempo después de haberse ejecutado los contratos por personas ajenas a las fundaciones que eran citadas en el convenio, entre otras irregularidades. Los contratos entre otros fueron para apoyar la logística y difusión de actividades como el Día de las víctimas, de los niños, fiestas del municipio y Día del Campesino.

Dos fundaciones que aparentemente tienen el mismo representante legal, a esta hora son investigadas por las autoridades colombianas, entre ellas se encuentra, Ferbinbi, por Leydi Johanna Jaramillo León y Fundeco, esta última representada por Zugey Álvarez Vergel, de las que se dijo, aparentemente realizaron documentación falsa y sin control alguno y según la Contraloría General de La Nación, no existen soportes que puedan aclarar la situación.

Según la delegada Fiscal 22, el funcionario se encuentra involucrado en un delito que lo llevaría a purgar una pena de 64 a 144 meses de prisión y 180 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos.