Por 10 años fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación al concejal de Ataco, Hernen Oyola Gaviria, por estar impedido para ocupar el cargo de cabildante.

De acuerdo al ente de control no alcanzó a completar el año que exige la ley sin tener ningún contrato con el Estado.

Textualmente la Procuraduría indica que:

“Dentro del año anterior a su elección celebró un contrato de prestación de servicios con el Hospital Nuestra Señora de Lourdes, que tuvo por objeto la recuperación nutricional de 266 niños y niñas con edades entre 6 y 59 meses de edad, en el cual se desempeñó como gestor comunitario en seguridad alimentaria”.

Por ello a juicio del ente de control Oyola Gaviria incurrió en inhabilidad por haber intervenido “en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito”, tal y como lo establece el artículo 43, numeral 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

Falta grave

Como se espera este hecho contractual fue calificado como falta gravísima a título de culpa gravísima, por violación manifiesta de normas de estricto cumplimiento por la Procuraduría General de la Nación.

Contra esta decisión de primera instancia el funcionario Hernen Oyola Gaviria interpuso el recurso de apelación que será resuelto por Procuraduría Regional Tolima.