Se presentó el estudio “Inclusión productiva en Colombia: mediciones y marco de política” que confirma la importancia de las unidades económicas de baja escala y microempresarios para impulsar la economía del país.
 
Las unidades económicas de baja escala y los micronegocios del país están llamados a convertirse en un motor de desarrollo inclusivo y sostenible. 

Potenciar la Economía Popular es una necesidad apremiante para lograr un modelo económico productivo y sostenible, que genere empleo, contribuya con la reducción de la pobreza y permita la confluencia entre lo productivo, la pequeña empresa, el sector privado y las políticas y acciones del Gobierno Nacional.
 
Esta es una de las principales conclusiones de los expertos que participaron en el seminario “Insumos para el diseño de una política pública de Economía Popular” organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la oficina de la ONU en Colombia.
 
Según cifras del DANE, en el primer trimestre del 2023 en Colombia los ocupados informales llegaron al 58,2%; más del 40% de la población ocupada es propietaria o trabaja en un micronegocio, y más del 90% de todas las empresas del país son micro y pequeñas empresas.

Frente a este panorama, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se presentaron los ejes básicos que deben tenerse en cuenta para iniciar la construcción de una política de Economía Popular. 

Para comenzar, es necesario tener claro el concepto de Economía Popular, que con base en el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado, se refiere a los oficios y ocupaciones mercantiles como producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y no mercantiles como las domésticas o comunitarias, desarrolladas por unidades económicas de baja escala en cualquier sector económico.

El Gobierno contempla también que para impulsar esta economía es necesario involucrar temas relacionados con inclusión social, productiva y financiera de la población que pertenece a este sector y que tienen la siguiente caracterización:

Inclusión Social:  Que permita incorporar a los excluidos mediante el acceso a los derechos sociales, económicos y culturales que faciliten su participación activa en las decisiones a través de mecanismos y procesos comunitarios y el desarrollo del recurso humano educado y capacitado que mejore la capacidad productiva del país.

Inclusión productiva: Para involucrar a las personas en mercados de trabajo y en oportunidades económicas. Para ello, es necesario identificar la complementariedad de las acciones que se realizan por parte de las entidades del gobierno.

Inclusión financiera: Que permita a las personas y a los micronegocios el acceso a productos y servicios financieros formales que atiendan sus necesidades de transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros.

José David Quintero, director de la Micro, Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, explicó que durante el seminario que “además de tener claros estos ejes, es necesario hacer un ejercicio de caracterización de la población de la Economía Popular, como base para la construcción de una política para este sector”.