Según medios locales y diversas ONG, el incendio se produjo en medio de un motín.

Saab, que fue defensor del Pueblo, especificó el mismo miércoles que los fallecidos eran 66 hombres y dos mujeres que estaban de visita en este centro y anunció la designación de cuatro fiscales para “esclarecer estos dramáticos hechos”.

El Gobierno de Venezuela pidió al Ministerio Público abrir una investigación sobre el hecho y anunció la creación de “un equipo multidisciplinario y la activación de los protocolos necesarios para la protección integral a cada una de las familias afectadas”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones estima que hay 32.600 detenidos en los calabozos policiales del país, cuando el espacio es para unos 8.500.

La noticia del incendio y muerte de 68 personas en los calabozos de esta comisaría llegó hasta la ONU, organismo que en un comunicado se declaró “horrorizado” por el caso y pidió respeto para las familias de las víctimas.

El día de la tragedia se informó que el hecho se produjo durante el día de visitas conyugales. Los presos habrían atrapado a uno de los soldados de vigilancia,  y lo tomaron como rehén, hiriéndolo con una navaja. Uno de los líderes del motín puso algunas condiciones a las autoridades penitenciales como requisito para liberarlo, amenazando a la custodia con una granada. Como las autoridades no respondían a sus planteamientos, los reos comenzaron a quemar colchones para agravar la protesta y de este modo se desencadenó el fuego.