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Tolima: tres estructuras armadas buscan ampliar su influencia y someten a comunidades rurales a nuevas formas de presión

La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en Rovira, San Antonio y Roncesvalles.
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Disidencias de las Farc se enfrentan en el Guaviare.
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22 Nov 2026 - 6:50 COT por Ecos del Combeima

El conflicto armado en el Tolima vuelve a mostrar señales de transformación. Esta vez, la preocupación no está concentrada exclusivamente en los enfrentamientos o las operaciones militares, sino en las nuevas formas de control que estarían ejerciendo estructuras armadas ilegales sobre las comunidades rurales. Una advertencia de la Defensoría del Pueblo puso bajo la lupa a Rovira, San Antonio y Roncesvalles, donde identifica un escenario de riesgo alto por la consolidación y expansión de tres estructuras disidentes de las antiguas FARC.

La Alerta Temprana 029 de 2026 identifica tres dinámicas territoriales. La primera corresponde al Frente Joaquín González, asociado a la estructura bajo el mando de alias Calarcá Córdoba, que tendría presencia consolidada en Rovira y buscaría ampliar su influencia hacia San Antonio y Roncesvalles. La segunda está relacionada con el Frente Gerónimo Galeano, perteneciente al Bloque Central Isaías Pardo, bajo el mando de alias Iván Mordisco, con consolidación en San Antonio y expansión hacia Roncesvalles. La tercera corresponde al Frente 57 Yair Bermúdez, una disidencia independiente que estaría avanzando desde el Valle del Cauca hacia Roncesvalles.

Una disputa que va más allá de las armas

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la descripción de los mecanismos utilizados para ejercer influencia sobre la población. Según la Defensoría, estas estructuras no dependen exclusivamente de confrontaciones armadas para consolidar su presencia. También recurren a pequeñas comisiones, redes locales, intimidaciones y mecanismos de regulación de la vida comunitaria.

Entre las prácticas documentadas aparecen la carnetización obligatoria de habitantes en sectores rurales, la instalación de retenes informales, las citaciones a integrantes de juntas de acción comunal y las restricciones a los horarios de movilidad. También se advierten cobros extorsivos presentados bajo la figura de supuestos aportes voluntarios. Estas acciones buscan identificar a los habitantes, conocer sus desplazamientos y ejercer presión sobre las actividades económicas y sociales.

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La situación también tiene implicaciones económicas. Los productores cafeteros, ganaderos, comerciantes, transportadores y propietarios rurales aparecen entre los sectores expuestos a las exigencias económicas y las presiones de los grupos armados. La Defensoría advierte que la extorsión no solamente representa una fuente de financiación para estas organizaciones, sino también un mecanismo para condicionar el funcionamiento de las economías locales.

Seis corredores rurales bajo especial atención

La ubicación geográfica de los municipios representa otro elemento determinante. El documento identifica seis corredores rurales de importancia estratégica sobre la cordillera Central, que conectan diferentes sectores del Tolima con zonas del Valle del Cauca y Quindío.

Entre las conexiones señaladas aparecen los corredores Rovira-Playarrica, San Antonio-Chaparral, San José de Las Hermosas y Barragán-Yerbabuena, entre otros. Son rutas que permiten la comunicación entre veredas, centros poblados y cabeceras municipales.

La importancia de estos corredores no se limita al movimiento de personas o vehículos. Según el análisis de la Defensoría, controlar o vigilar determinados caminos facilita identificar visitantes, conocer los movimientos institucionales, regular el transporte y ejercer presión sobre comunidades que dependen de estas vías para acceder a servicios de salud, educación, comercio y justicia.

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Los menores de edad, entre las mayores preocupaciones

Uno de los capítulos más sensibles de la alerta tiene que ver con el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. El documento advierte que las estructuras armadas pueden acercarse a los jóvenes mediante ofrecimientos económicos, engaños, relaciones afectivas o encargos aparentemente ocasionales, como transportar mensajes, observar vehículos o entregar información sobre personas desconocidas.

La Defensoría documentó situaciones concretas durante 2026. En Rovira conoció el caso de un adolescente de 17 años que habría sido reclutado en febrero y recuperado por el Ejército en abril. En San Antonio, además, se registró la salida preventiva de dos jóvenes que estaban en riesgo de ser reclutados. La entidad advierte que estas situaciones también afectan los entornos familiares, educativos y comunitarios.

La población indígena tampoco está al margen de esta situación. En San Antonio, el resguardo Pijao San Antonio de Calarma y sus comunidades dispersas, donde habitan más de 1.900 personas, enfrentan riesgos que comprometen su autonomía territorial y sus formas de gobierno propio. En Roncesvalles, particularmente en el corregimiento de Santa Helena, también se advierten presiones sobre personas firmantes del Acuerdo de Paz y sus proyectos productivos.

Una problemática que tiene antecedentes

La advertencia actual no surge de un escenario aislado. La Defensoría explica que la situación está relacionada con los procesos de fragmentación y reconfiguración de las estructuras disidentes después del Acuerdo de Paz. El documento también recoge antecedentes de amenazas, extorsiones y presiones sobre las comunidades rurales.

En junio de 2025 fue capturado en Rovira un presunto segundo mando del Frente Joaquín González, señalado de participar en exigencias económicas a comerciantes y agricultores. En octubre de ese mismo año fue capturado alias Arley o El Paisa, señalado como responsable financiero de esa estructura. Posteriormente, en diciembre de 2025, fueron capturados tres presuntos integrantes del Frente Gerónimo Galeano en la vereda Legía Alta, San Antonio, entre ellos quien sería uno de sus responsables financieros.

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Más de 18 mil mneores fueron reclutados y abusados en Colombia por la guerrilla de las Farc entre 191 y 2016.
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Minuto 30

El informe también advierte que las condiciones sociales y geográficas pueden aumentar la vulnerabilidad de las comunidades. Como referencia, utiliza cifras del Censo Nacional de 2018, que registró pobreza multidimensional del 47 % en Rovira, 53,7 % en San Antonio y 42 % en Roncesvalles. Son cifras históricas, no una medición actual, pero permiten dimensionar algunas de las dificultades estructurales que enfrenta la población rural.

19 recomendaciones y un desafío para las autoridades

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 19 recomendaciones dirigidas al Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, Gobernación del Tolima, alcaldías y otras entidades del Estado.

Entre las principales solicitudes están garantizar presencia permanente de la Fuerza Pública en corredores estratégicos, fortalecer las investigaciones contra las redes de extorsión, mejorar la protección de líderes sociales y comunitarios y desarrollar programas para prevenir el reclutamiento de menores de edad.

También se plantea fortalecer la inversión social en las zonas rurales, mejorar la infraestructura vial, ampliar la presencia institucional y garantizar la atención humanitaria a las comunidades que puedan resultar afectadas.

La advertencia representa un nuevo desafío para las autoridades del Tolima. El documento no plantea únicamente la necesidad de recuperar o mantener el control territorial mediante operaciones de seguridad. También señala la importancia de garantizar que las comunidades puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin presiones, amenazas ni imposiciones de organizaciones armadas ilegales.

El riesgo está identificado y las recomendaciones están sobre la mesa. El reto ahora es evitar que las advertencias se conviertan en nuevas afectaciones para los habitantes de estas zonas del departamento.