Durante su intervención, el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, se refirió a los movimientos financieros que permitieron transferir $1.000 millones de recursos públicos a una empresa privada durante la administración del exalcalde Julio Roberto Vargas Malagón (2019-2023).

Valencia explicó que los movimientos se realizaron mediante tres giros: uno por $400 millones y otros dos por $300 millones cada uno. Según su exposición, estas operaciones se efectuaron en enero de 2023 y cuestionó que no existiera un objeto contractual que justificara las transferencias.

Uno de los aspectos que llamó la atención del mandatario fue el origen de los recursos. Según indicó, los dineros salieron de una cuenta de Bancolombia perteneciente al municipio, que no aparecía registrada en los estados financieros de la administración municipal.

El caso tiene antecedentes judiciales. En marzo de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde Julio Roberto Vargas, al exsecretario de Hacienda Luis Alberto Aponte y al representante legal de la empresa, Alexander Cardona Díaz. La investigación señala presuntas irregularidades en el traslado de los $1.000 millones a una compañía que no tenía contratos con Cajamarca.

De acuerdo con la información conocida durante el proceso, seis meses después de recibir los recursos, el representante legal de la empresa habría devuelto $896 millones. Los tres procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.

La intervención de Camilo Valencia vuelve a poner sobre la mesa las preguntas sobre el manejo de los recursos públicos, las cuentas utilizadas para realizar las transferencias y las responsabilidades que deberán esclarecer las autoridades judiciales.