“Fue un grave error sacar la FUDRA del Tolima”: Matiz responsabiliza al Gobierno Petro por debilitamiento de la seguridad
La salida de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) del Tolima, ordenada en octubre de 2025 durante el Gobierno de Gustavo Petro, volvió al centro de la controversia por el deterioro del orden público en el sur del departamento. Tras el atentado con cilindros bomba en Planadas, que dejó cuatro personas fallecidas, 18 heridas y 177 viviendas afectadas, la gobernadora Adriana Magali Matiz confirmó que el Gobierno Nacional dispuso el regreso de esta unidad militar, que representa cerca de 600 uniformados, y anunció medidas transitorias para reforzar la seguridad.
En entrevista con el Ping Pong Político, la mandataria cuestionó la decisión de retirar esta fuerza especializada y aseguró que su ausencia debilitó las capacidades operativas del Ejército y el control territorial en una región estratégica, donde las disidencias de las Farc vienen disputándose las economías ilegales, especialmente la minería de oro.
“Fue un grave error haber sacado la FUDRA del departamento del Tolima. En octubre del año 2025 se llevaron la FUDRA del departamento y esto es lo que nos tiene hoy viviendo las consecuencias que estamos viviendo”, afirmó Matiz, al relacionar el retiro de esta unidad con el deterioro de las condiciones de seguridad en el sur tolimense.
La gobernadora explicó que el regreso de los cerca de 600 militares está previsto para mediados de diciembre. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos registrados en Planadas, se acordó un refuerzo provisional de cinco pelotones del Ejército, equivalentes a aproximadamente 180 uniformados, que llegarán a fortalecer las operaciones militares en esta zona. También se dispuso un incremento de la presencia de la Policía Nacional y se solicitó la militarización del sur del departamento.
“En cuatro años se perdió lo que se había ganado 20 años atrás y en dos meses no podemos pedir que se recupere lo que se perdió en cuatro años”, manifestó la mandataria, quien aseguró que, a diferencia de la administración nacional anterior, durante el actual Gobierno ha encontrado receptividad a sus solicitudes de seguridad.
Matiz sostuvo que el debilitamiento no solamente se produjo en el número de efectivos disponibles, sino también en las capacidades de inteligencia y ofensiva militar. Además, advirtió que la ubicación geográfica del Tolima, en límites con Huila, Valle del Cauca y Cauca, facilita el desplazamiento de estructuras armadas hacia el departamento cuando se desarrollan operaciones militares en esas regiones.
“Se debilitó la capacidad de la ofensiva militar, se debilitó la inteligencia de nuestra fuerza y hoy somos nosotros los que ponemos el dolor y los muertos por esa conducta casi que negligente por parte del Gobierno Nacional”, cuestionó.
La mandataria también reveló que detrás de la violencia en municipios como Planadas, Ataco y Chaparral existiría una disputa por el control de las economías ilícitas. Según un análisis realizado con la Fuerza Pública, en un solo sector fueron identificados 19 ensambles de minería ilegal, actividad que estaría generando cerca de 25.000 millones de pesos mensuales en extracción de oro. De acuerdo con sus estimaciones, las organizaciones criminales se estarían quedando con entre el 10 % y el 15 % de esos recursos, aunque ahora buscarían controlar directamente toda la producción.
Frente a este panorama, confirmó que se adelanta una operación conjunta entre Carabineros, Ejército y Policía contra la minería ilegal, con la intención de mantener presencia permanente en el territorio y golpear las fuentes de financiación de las estructuras armadas. La gobernadora insistió en que la estrategia debe incluir tres componentes: fortalecimiento de la inteligencia, incorporación de tecnología y aumento del pie de fuerza.
Finalmente, Matiz reiteró que el regreso de la FUDRA es una de las principales decisiones para recuperar la capacidad militar del departamento y evitar que continúe avanzando el control territorial de los grupos ilegales. Mientras se concreta su llegada en diciembre, los cerca de 180 soldados anunciados deberán reforzar la seguridad en el sur del Tolima, una región golpeada por los recientes ataques y la expansión de las economías criminales.
