Robinson Mejía, líder ambiental e integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, cuestionó las recientes declaraciones del alcalde de Cajamarca sobre la actividad minera en el municipio y la llegada de la empresa Mineros S. A. El vocero rechazó que actores políticos hayan liderado la consulta popular de 2017 y defendió el papel de las organizaciones ambientales en ese proceso ciudadano.

Mejía sostuvo que el futuro del proyecto minero La Colosa no depende exclusivamente del presidente de la República. Según explicó, las decisiones también deben respetar las competencias de las entidades territoriales y el ordenamiento jurídico. Como argumentos, mencionó la negativa del Ministerio de Ambiente, en 2024, a permitir la sustracción de la Reserva Forestal Central para el proyecto, así como las decisiones de Cortolima frente a nuevos permisos ambientales.

El dirigente ambiental también acusó al alcalde de presentar de manera equivocada la posición del Gobierno nacional frente a la exploración minera. Afirmó que la negativa del Ministerio de Ambiente constituye un antecedente que debe tenerse en cuenta al evaluar la viabilidad del proyecto y cuestionó que se plantee una eventual reactivación sin las autorizaciones correspondientes.

Sobre el contrato minero, Mejía explicó que, después de la consulta popular, la empresa solicitó suspender sus obligaciones contractuales ante la Agencia Nacional de Minería. Según su versión, estas suspensiones se mantuvieron durante varios años, hasta que en 2024 la entidad decidió no prorrogarlas. El líder ambiental sostiene que esta situación permitió avanzar en la exigencia de una eventual caducidad del contrato.

El integrante del Comité Ambiental aseguró que, desde su perspectiva, existen causales para declarar la caducidad y afirmó que las organizaciones han solicitado a la Agencia Nacional de Minería aplicar la normativa correspondiente. Sin embargo, la caducidad del contrato constituye una solicitud de los ambientalistas y no debe presentarse como una decisión definitiva de la autoridad minera.

Finalmente, Mejía insistió en que la empresa no estaría habilitada para desarrollar actividades mineras en Cajamarca sin los permisos ambientales requeridos. También pidió al alcalde entregar información precisa a la ciudadanía sobre la situación jurídica de La Colosa. Sus declaraciones reavivan el debate en el Tolima sobre el futuro del proyecto, la consulta popular de 2017 y los límites legales de la actividad minera en el municipio.