El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde Miller Aldana Castro quedaron cobijados con medida de aseguramiento en sus lugares de residencia, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por presuntas irregularidades en un proyecto de saneamiento básico para comunidades rurales del municipio.

La determinación fue tomada por el Juzgado Primero Penal Municipal de Chaparral, luego de las audiencias realizadas dentro del proceso relacionado con la construcción de 1.170 baterías sanitarias, iniciativa que contó con una inversión cercana a los $21.550 millones provenientes de recursos de regalías.

El caso involucra además al contratista Rodolfo Fajardo, cuya situación jurídica aún está pendiente de definición. La Fiscalía sostiene que existen elementos materiales probatorios que permitirían establecer posibles irregularidades alrededor de la contratación y ejecución del proyecto, mientras los abogados de los procesados han defendido su posición y cuestionado los argumentos presentados por el ente investigador.

La decisión no quedó en firme. Tanto la Fiscalía como los abogados defensores anunciaron la presentación de recursos de apelación, aunque desde orillas diferentes: mientras la defensa busca que se revoque la medida de aseguramiento domiciliaria, el ente acusador pretende que los investigados sean enviados a un establecimiento carcelario.

Ahora será un juez de segunda instancia quien deberá revisar los argumentos de las partes y determinar si mantiene, modifica o revoca la decisión adoptada en primera instancia. Entretanto, el proceso continúa y queda pendiente conocer la situación jurídica del contratista vinculado a la investigación.

El caso tiene especial relevancia para Ataco debido al monto de los recursos públicos comprometidos y al impacto que debía tener el proyecto en las comunidades rurales. Sin embargo, la investigación aún no determina responsabilidad penal definitiva: Muñoz Briñez, Aldana Castro y los demás involucrados conservan la presunción de inocencia y su derecho a ejercer plenamente la defensa durante el proceso judicial.