La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado de atención a los alcaldes de los municipios del Tolima y al secretario de Tránsito y Transporte del departamento para garantizar una adecuada respuesta frente a los siniestros viales que puedan tener implicaciones penales.

El Ministerio Público advirtió que en algunos municipios existen dificultades para garantizar la presencia oportuna de personal habilitado para ejercer funciones de policía judicial cuando ocurren accidentes con personas lesionadas o fallecidas.

La preocupación está en las primeras horas después del accidente. Una mala actuación en el lugar de los hechos podría afectar la conservación de elementos materiales probatorios, la cadena de custodia y, posteriormente, el esclarecimiento de lo ocurrido.

Por eso, la Procuraduría pidió a las autoridades informar cuáles son sus protocolos de atención, qué capacitaciones ha recibido el personal y cómo se coordinan con otras entidades cuando ocurre un siniestro de gravedad.

Además, solicitó conocer qué medidas adoptarán los municipios que no tengan suficiente capacidad operativa para atender estos casos. El objetivo es evitar que las víctimas y sus familias terminen enfrentando obstáculos en medio de una investigación que podría definir responsabilidades penales.