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Contraloría advierte posible inhabilidad de concejal de Cajamarca y pone la lupa sobre el Concejo

Yésica Lozano aseguró que existe un fallo de responsabilidad fiscal y que corresponde al Concejo adelantar el trámite administrativo.
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Yesica Lozano
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Contraloría advierte posible inhabilidad de concejal de Cajamarca y pone la lupa sobre el Concejo
11 Sep 2026 - 11:26 COT por Gustavo_Ortiz

La Contraloría Departamental del Tolima encendió las alarmas alrededor de la permanencia de una concejal en su cargo, tras confirmar que sobre ella existe un fallo con responsabilidad fiscal y un posterior reporte en el Boletín de Responsables Fiscales.

Según explicó la contralora Yésica Lozano Noriega, el proceso fiscal se abrió en 2021 y terminó con fallo de responsabilidad fiscal el 27 de diciembre de 2024. El caso está relacionado con un presunto detrimento cercano a los $13 millones, originado en el manejo de una caja menor.

De acuerdo con la funcionaria, posteriormente se inició el proceso de cobro coactivo 08 de 2025 y el 25 de junio de 2025 se produjo el correspondiente mandamiento de pago. La situación fue comunicada a la Contraloría General de la República mediante la Resolución 383, el 14 de noviembre de 2025.

Lozano sostuvo que, desde el reporte como responsable fiscal, al consultar el certificado correspondiente de la Contraloría General aparece registrada una inhabilidad. Sin embargo, aclaró que la Contraloría Departamental no puede ordenar directamente el retiro de la concejal.

La funcionaria explicó que, ante una eventual inhabilidad sobreviniente durante el ejercicio del cargo, corresponde al Concejo Municipal iniciar el procedimiento administrativo respectivo, conforme a la interpretación jurídica expuesta por la entidad y a la jurisprudencia citada durante su declaración.

El caso también abre otro frente: establecer si después de configurarse la situación fiscal se continuaron pagando honorarios a la concejal. Lozano señaló que ese aspecto sí corresponde al ámbito de competencia fiscal de la Contraloría.

Mientras tanto, los posibles asuntos disciplinarios relacionados con la actuación de la mesa directiva y demás funcionarios serían competencia de la Procuraduría General de la Nación.

La controversia ahora queda en manos del Concejo Municipal, que deberá determinar qué actuaciones administrativas corresponden frente a la situación expuesta por la Contraloría. El caso podría convertirse en un nuevo pulso político al interior de la corporación.