La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Kelly Viviana Ordóñez Cruz, exsecretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Piedras, Tolima, por la comisión de presuntas irregularidades en el contrato de obra que tenía como objetivo el saneamiento básico del río Opía y la reposición del emisario final de la PTAR Chicalá.

La investigación comenzó luego de una denuncia que alertó sobre posibles fallos en la ejecución del contrato, derivada de una auditoría de la Contraloría General de la República, en la que se detectaron dos problemas importantes: el primero, en el que los estudios previos para el contrato no fueron adecuados, y segundo, hubo al parecer, una falta de supervisión y control durante la ejecución de la obra. Estos fallos habrían llevado a decisiones incorrectas por parte de la Alcaldía y el contratista, lo que generó un posible daño económico.

En particular, se señala que Ordóñez Cruz, al elaborar los documentos previos del contrato, no cumplió con una recomendación importante que debía incluirse en los estudios, lo que podría haber afectado la calidad y el costo de la obra.

Frente a los hechos, el ente de control considera que la exfuncionaria pudo haber incumplido las normas que debían regir el proceso, y por ello se le imputa una falta grave, ya que la funcionaria, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio, sería responsable de no garantizar que los documentos contractuales cumplieran con las exigencias legales y técnicas necesarias para proteger los recursos del Estado.

Finalmente, el Ministerio Público archivó la investigación disciplinaria contra otras personas involucradas en el proceso, incluyendo al exalcalde Julio César Góngora Sánchez, la exsecretaria de Planeación e Infraestructura, Heidy Trinidad Henao Culma, y el representante legal del Consorcio Inter Opia, Luis Carlos Rivera Gutiérrez, al considerar que no hay elementos suficientes para formular cargos en su contra.