En diálogo con Econoticias, la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, defendió la gestión de la corporación en Ibagué y reveló que, en los últimos cinco años, se han destinado más de $70.000 millones en la ciudad para proyectos de protección ambiental. Además, entregó detalles de la inversión que se realizará en la región. 

La funcionaria detalló que, los recursos invertidos en la capital tolimense han sido utilizados principalmente para la mejora de la calidad del agua y la protección ambiental, mediante la sobretasa ambiental y la tasa retributiva. 

“Lo que se debe entender es que la tasa retributiva tiene un destino específico: mejorar la calidad del agua, no para obras viales. De la misma manera, la sobretasa ambiental está destinada únicamente a temas relacionados con el medio ambiente. Invitaría a revisar la normativa antes de hacer declaraciones erróneas”, señaló Alfonso.

La directora también subrayó que el IBAL aún tiene una deuda de más de $18.000 millones con Cortolima, que incluye tanto la tasa retributiva como sanciones por vertimientos contaminantes en fuentes hídricas. Esto, según Alfonso, retrasa aún más la capacidad de la corporación para financiar nuevas iniciativas en la ciudad.

Inversiones y proyectos para la región

Entre los proyectos e inversiones en el Tolima, la directora de la corporación destacó el avance del Fondo de Agua Siembra Azul, una plataforma colaborativa que reúne tanto a entidades públicas como privadas para proteger la subzona hidrográfica de los ríos Coello, Sumapaz y Amoyá con la inversión entre $3.000 a $4.000 millones anuales. 

En cuanto a la gestión ambiental regional, Alfonso subrayó la importancia del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2024-2050, aprobado recientemente por la Asamblea Departamental. Este plan, que Cortolima lidera, busca mitigar el cambio climático, proteger la biodiversidad y promover la educación ambiental en la región.

Finalmente, expuso que, con el objetivo de hacer más cercana su gestión, se lanzó la estrategia "Cortolima te escucha", una plataforma que permite a los ciudadanos presentar quejas, reclamaciones y propuestas de inversión ambiental directamente a los funcionarios de la corporación en cada municipio. Según Alfonso, esta iniciativa busca mejorar el contacto con las comunidades y resolver las necesidades locales.