El Consejo Nacional Electoral, CNE, radicó en el Senado el Proyecto de Ley Orgánica 331 de 2026, con el que busca crear por vía legal una sección presupuestal independiente y así blindar el manejo directo de sus recursos antes de que la decisión de la Corte Constitucional empiece a regir, el 1 de enero de 2027.

La iniciativa la presentó el presidente del organismo, el magistrado Juan Felipe Lemos Uribe, ante la Sala Plena, y fue radicada de inmediato.

El proyecto responde a la Sentencia C-116 de 2026, que declaró inexequibles los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro, en los que se había creado la sección presupuestal independiente del CNE. El fallo difirió sus efectos al 1 de enero de 2027, de modo que los ajustes deben quedar coordinados antes de esa fecha.

Qué cambia y qué no

Lemos fue explícito en que la iniciativa no crea una autonomía nueva, porque, dijo, la Constitución ya la establece y precisó que el objetivo es adecuar el Estatuto Orgánico del Presupuesto para que el CNE organice y administre directamente los recursos que se le asignen cada año.

"Una sección presupuestaria independiente que le permita al CNE manejar de manera directa sus recursos", resumió el presidente del organismo, quien enmarcó la propuesta en "darle salida a la sentencia C-116 de la Corte Constitucional de 2026" y en dar soporte normativo al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control electoral.

Según el CNE, el articulado no modifica sus competencias ni las funciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El alcance es estrictamente presupuestal.

El reloj corre en contra

La Corte acogió el argumento de que la materia está reservada a la ley orgánica, por lo que el Ejecutivo de turno no podía crearla dentro del plan de desarrollo. El resultado es una paradoja administrativa: el CNE debe ahora hacer por la vía que el fallo exige, una ley orgánica, lo que ya había hecho por una vía que el fallo anuló.

Con la caída de los artículos, el organismo volvería a tramitar sus gastos a través de la sección presupuestal de otra entidad, algo que en el CNE leen como un riesgo operativo para el calendario electoral y para sus labores de vigilancia.

Por eso la Sala Plena decidió pedir al Gobierno Nacional que presente un mensaje de urgencia, herramienta que solo puede usar el Ejecutivo y que da prelación al trámite legislativo. La entidad espera que el proyecto se estudie antes de que termine 2026.

La ruta legislativa

Se trata de un proyecto de ley orgánica, lo que implica un umbral de aprobación más alto que el de una ley ordinaria: mayoría absoluta en cada cámara. Ese requisito es el principal obstáculo en un Congreso fragmentado y con menos de dos meses de calendario útil.

El texto inicia su trámite tras la radicación en el Senado. La decisión de la Corte y el regreso de las reglas presupuestales anteriores entran en vigor el 1 de enero de 2027, de manera que el Congreso y el Gobierno deberán definir antes de esa fecha si adoptan una nueva regulación orgánica o si dejan al organismo sin sección propia.

El proyecto pone al CNE en el centro de un pulso institucional que combina tres frentes: la relación con el Ejecutivo, del que ahora depende el mensaje de urgencia, la defensa de su fuero presupuestal y el respaldo del Legislativo, donde su origen político, la postulación por La U, puede jugar a favor o en contra.

El precedente es incómodo para cualquier gobierno: el Ejecutivo pierde una cuota de control sobre los recursos de quien debe vigilar las elecciones, y la Corte ya dejó claro que el plan de desarrollo no es el vehículo idóneo para reorganizar el presupuesto de entidades autónomas.