Un nuevo capítulo del debate sobre la seguridad en el Tolima se produjo con la intervención del representante a la Cámara Alejandro Martínez, quien aseguró que la violencia en el sur del departamento no puede explicarse como simples riñas o problemas de convivencia.

El congresista sostuvo que detrás de los homicidios existe una dinámica de criminalidad organizada y señaló la presunta existencia de alianzas entre estructuras armadas y actores interesados en la explotación ilícita de recursos naturales. Según manifestó, esta relación habría impulsado el crecimiento de la minería ilegal en municipios como Ataco.

Martínez también presentó cifras sobre el crecimiento de las estructuras criminales. Afirmó que pasaron de 15.120 a 28.802 integrantes, lo que representa un incremento del 90,5 %. En ese contexto, mencionó al Clan del Golfo, el ELN y estructuras de las disidencias de las FARC. Sin embargo, estas cifras requieren verificación de su fuente, periodo y alcance.

En su intervención, el representante cuestionó la falta de autoridad del Estado y sostuvo que la expansión de estas organizaciones permitió que la minería ilegal creciera en el sur del Tolima. A su juicio, no se puede desconocer lo ocurrido, pero tampoco limitar el debate a señalar responsabilidades sin plantear soluciones.

Uno de los aspectos políticos más relevantes fue su respaldo público a la gobernadora Adriana Matiz y a la directora de Cortolima. Aunque reconoció que los resultados de sus actuaciones han sido limitados, atribuyó esa situación a la falta de acompañamiento suficiente de la Fuerza Pública y destacó la voluntad institucional de mantener la autoridad en el territorio.

Finalmente, reconoció el trabajo de la Policía y el Ejército y pidió avanzar en acuerdos que permitan recuperar la seguridad y enfrentar las economías ilegales que afectan al departamento.