La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la gestión diplomática y ordenó extremar la vigilancia en la apertura de sedes consulares. La decisión se formalizó al ordenar la incorporación formal de la investigación disciplinaria que adelantaba la Cancillería por el polémico caso del consulado en Tijuana, México, dentro de la indagación previa global que ya cursa por presuntas irregularidades en la planeación y contratación de oficinas en el exterior.

El origen de la indagación

Las actuaciones del Ministerio Público se originaron tras una denuncia interpuesta por Germán Calderón España, coordinador del Comité Élite Anticorrupción. La querella advierte sobre graves anomalías en la planeación, contratación y puesta en marcha de los consulados en Monterrey y Tijuana, México, así como en Estambul, Turquía, proyectados entre 2025 y 2026.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que no registraba actuaciones disciplinarias previas para los casos de Monterrey y Estambul, sí reconoció que adelantaba indagaciones internas por Tijuana. Con esta acumulación de expedientes, el ente de control busca unificar pruebas, evitar duplicidad de procesos y prevenir fallos contradictorios.

El caso Tijuana: una estructura fantasma

Creado formalmente el 22 de noviembre de 2024 mediante el Decreto 1405, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, el consulado en Tijuana se justificó estratégicamente por la intensa actividad migratoria en la frontera norte con EE. UU. y la presencia de unos 1.500 colombianos en la región de Baja California.

No obstante, la realidad administrativa evidenció una "estructura de papel": la dependencia nunca prestó servicios consulares ni contó con una infraestructura física abierta al público, pese a lo cual mantuvo activa una asignación consular en provisionalidad hasta finales de octubre.

Millonarios pagos y contratos sin respaldo presupuestal

Al frente de esta oficina inoperante fue designada la abogada bogotana Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, cuyo historial de nombramientos previos en Calgary, Canadá, ya había enfrentado anulaciones judiciales por parte del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tras su paso por Canadá, fue trasladada a México a comienzos de 2026.

Durante los nueve meses que ejerció formalmente como cónsul sin consulado, el Estado le desembolsó más de 153 mil dólares en honorarios unos de 483 millones de pesos, sumando viáticos y gastos de menaje, con una asignación mensual cercana a los 14.700 dólares.

Paralelamente, la Embajada de Colombia en México comenzó a recibir requerimientos y facturas impagas por el arrendamiento de la oficina 202 en el edificio Torela Corporativo en la Zona Dorada de Tijuana, un contrato consolidado sin asignación presupuestal previa ni validación de la Cancillería, a lo que se sumaron deudas con arquitectos y diseñadores gráficos contratados para la identidad visual de una sede que jamás abrió sus puertas.