La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes alertó sobre el impacto que tendría el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 presentado por el Gobierno por un faltante estimado en $3,1 billones para garantizar la financiación adecuada de la educación superior pública. 

“No estamos ante un simple ajuste contable, son decisiones presupuestales que pueden traducirse en menos capacidad de las universidades para ampliar cobertura, garantizar la permanencia estudiantil, fortalecer sus plantas docentes, financiar investigación, mejorar infraestructura y consolidar la presencia de la educación superior en las regiones”, dijo la representante Isabel Vera. 

La Ley 2568 de 2026 modificó las reglas de financiación de las universidades estatales y estableció mecanismos para aumentar progresivamente el acceso, la permanencia, la calidad, la investigación, la infraestructura y el cierre de brechas territoriales. 

También estableció una base presupuestal para las ITTU estatales equivalente, como mínimo, al 0,05 % del PIB. Sin embargo, el PGN 2027 no está respondiendo a esas nuevas obligaciones y necesidades de financiación con la suficiencia requerida.

Vera señaló que “Cero puntos adicionales: se rompe una senda de siete años Gracias a la movilización estudiantil y con la voluntad del gobierno de Gustavo Petro, las instituciones públicas pasaron de recibir 3,5 puntos porcentuales adicionales a su base presupuestal en 2019 a 11 puntos en 2026. En pesos constantes de 2026, esos recursos crecieron de $400 mil millones en 2023 a $859 mil millones en 2026. El PGN 2027 lleva esa cifra a cero. Se requieren al menos 8 puntos, equivalentes a $799 mil millones, para sostener la cobertura y la permanencia estudiantil, que el Decreto 0931 de 2026 protege con un mínimo obligatorio del 40 % de estos recursos”. 

La parlamentaria dijo que la trampa de la indexación: $413 mil millones menos La Ley 2568 de 2026, que reformó la Ley 30, obliga a indexar la base de las universidades con el mayor valor entre el Índice de Costos de la Educación Superior, ICES y el IPC. El Gobierno aparentó cumplir la norma, pero omitió una proyección técnica del ICES, estimado entre 9,65 % y 9,8 %, y amarró el cálculo al IPC. Resultado: el proyecto asigna $10.562 mil millones cuando la ley exige cerca de $10.975 mil millones. A las universidades públicas se les quitan $413 mil millones. Aseguró que este recorte golpea directamente a las 30 instituciones que atienden a más de 213 mil estudiantes y que constituyen la única alternativa de educación superior pública en 570 municipios del país. 

El faltante

Las cuentas presentadas por Vera muestran que  

• Indexación de la Ley 30: $413,2 mil millones 

• Recursos adicionales para permanencia y base: $799,1 mil millones 

• Piso legal de las ITTU (0,05 % del PIB): $362,3 mil millones 

• Vigencias futuras de infraestructura, ya avaladas por el CONFIS: $1,24 billones 

• Planes de Fomento a la Calidad (laboratorios, investigación y formación docente): $300 mil millones Sedes regionales en riesgo de convertirse en elefantes blancos 

Dijo que el Presupuesto de 2027 no destina un solo punto adicional para operar las sedes universitarias recién construidas en territorios históricamente excluidos, como Puerto Carreño, el Catatumbo, Tuluá o Málaga. 

“Este presupuesto no necesita cerrar una universidad por decreto para debilitar la educación pública. Basta con asfixiar financieramente, año tras año, hasta que las instituciones tengan que escoger entre ampliar cobertura, pagar su nómina, sostener sus sedes, financiar la investigación o garantizar el bienestar de sus estudiantes. Eso es precisamente lo que estamos advirtiendo desde la Comisión Sexta.  No vamos a permitir que las nuevas sedes universitarias se conviertan en edificios vacíos, que las universidades tengan que frenar su crecimiento por falta de recursos o que los estudiantes terminen pagando con menos bienestar, menos cobertura y menos oportunidades. Le exigimos al Gobierno Nacional explicar cómo pretende cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 2568 de 2026 con el presupuesto que hoy está poniendo sobre la mesa y le pedimos a las comisiones económicas que revisen estas apropiaciones antes de aprobar definitivamente el PGN 2027.” enfatizó Vera.