Procuraduría revoca fallo de 12 años de inhabilidad política contra exalcalde Andrés Hurtado
La Procuraduría General de la Nación habría dejado sin efecto la sanción disciplinaria que en primera instancia había impuesto al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, dentro del proceso relacionado con una presunta participación indebida en política durante la campaña electoral de 2023.
La decisión representa un nuevo giro en el proceso disciplinario que enfrentaba el exmandatario, luego de que en primera instancia la Procuraduría lo destituyera e inhabilitara por 12 años para ejercer cargos públicos.
El proceso tuvo como origen unos hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2023, cuando Hurtado se desempeñaba como alcalde de Ibagué. De acuerdo con la investigación disciplinaria, un evento presentado como institucional habría terminado convirtiéndose en un escenario de respaldo político a la entonces candidata a la Alcaldía de Ibagué, Johana Aranda.
La Procuraduría consideró inicialmente que Hurtado había incumplido la prohibición constitucional de participar indebidamente en política y calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. La misma decisión cobijó a Leidy Gómez García, quien para ese momento se desempeñaba como secretaria de Atención al Ciudadano.
La defensa de Hurtado apeló el fallo de primera instancia y sostuvo que existían elementos de prueba para controvertir las conclusiones del Ministerio Público. En su momento, el abogado Juan Carlos Novoa también cuestionó los fundamentos de la decisión y señaló que el proceso debía ser revisado en segunda instancia.
Ahora, con la decisión de segunda instancia, el proceso toma un nuevo rumbo y queda por establecer cuáles fueron los argumentos jurídicos utilizados por la Procuraduría para modificar o revocar la determinación inicial.
El caso había adquirido relevancia política regional debido a las aspiraciones de Hurtado de continuar participando en el escenario electoral del Tolima. La sanción inicial había generado incertidumbre sobre su posibilidad de aspirar a cargos de elección popular.
La decisión de la Procuraduría deberá ser analizada a la luz de sus fundamentos y del alcance jurídico de la revocatoria, particularmente frente a los efectos que pueda tener sobre la situación disciplinaria y política del exalcalde.
