El Tolima enfrenta un grave incremento en los casos de extorsión durante el 2024, con un alza superior al 65% en comparación con el año pasado, según lo confirmaron la gobernadora Adriana Magalí Matiz y las autoridades policiales.

"En materia de extorsión tenemos un incremento de más del 65%, y en otros casos no se está denunciando", señaló la gobernadora Matiz, quien destacó que el problema se concentra en dos zonas específicas: el norte y el sur del departamento.

En el norte del Tolima, la desarticulación del frente 26 de marzo dejó un vacío de poder que ha sido aprovechado por la delincuencia común. Los campesinos son los más afectados, ya que los extorsionadores establecen montos según la actividad económica que desempeñen. Por su parte, en el sur del departamento, las disidencias del frente Ismael Ruiz de las FARC son quienes lideran las extorsiones, intimidando a los habitantes para obtener beneficios económicos.

El coronel Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía del Tolima (DETOL), detalló el preocupante aumento en las cifras: "El año pasado se recibieron 74 denuncias por extorsión, y en este 2024 las cifras subieron a 159 casos". Sin embargo, advirtió que el subregistro podría ser significativo debido al temor que impide a muchas víctimas denunciar.

Por otro lado, el coronel Luque, comandante de la sexta Brigada, destacó un problema que agrava esta situación: "Estamos cayendo en el error de la cultura del pago. Las personas deben pensar: 'Yo no trabajo para darle de comer al bandido, trabajo para mí o para mi familia'".

La gobernadora Matiz hizo un llamado urgente a la articulación de políticas de seguridad nacionales con los territorios más afectados. "Para combatir este fenómeno que golpea duramente a nuestro departamento y al país en general, ha hecho falta la articulación de las políticas de seguridad nacional con la política que se maneja en los territorios y las regiones mayormente afectadas por los grupos violentos", concluyó.

La extorsión, un flagelo que afecta tanto a las economías locales como a la tranquilidad de las comunidades, sigue siendo un desafío para las autoridades y un llamado de atención para la ciudadanía frente a la importancia de la denuncia como herramienta clave en la lucha contra el crimen.