En un importante paso hacia la descentralización efectiva, la Comisión Primera del Congreso aprobó un proyecto de acto legislativo que redefine el poder de las regiones en Colombia. Este avance legislativo Autonomía Territorial de los departamentos, distritos y municipios, y los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad a los servicios de salud y educación, y los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.

"Como exalcaldesa, entiendo de cerca las problemáticas de las regiones, y este proyecto me llena de alegría. Estamos entregando a las regiones herramientas para decidir y actuar directamente sobre sus prioridades", expresó Delcy Esperanza Isaza, representante a la Cámara.

El proyecto que busca garantizar una verdadera descentralización, no solo transferir responsabilidades, sino también poder y recursos a los territorios, representa un giro significativo en la forma en que el país aborda el desarrollo territorial y responde a las demandas históricas de las comunidades locales.

Un punto clave de la discusión fue el reconocimiento de honorarios dignos para los concejales, quienes desempeñan un papel fundamental en la representación y gobernanza local. Sin embargo, aún queda pendiente definir la fuente de financiación para este propósito, un tema que los congresistas instalaron al gobierno a resolver con prontitud.

"Todo el mundo está de acuerdo en que los concejales merecen un pago justo, pero nadie ha definido claramente de dónde saldrán los recursos. Esto debe resolverse para avanzar en una descentralización realmente equitativa", añadió la congresista.

Esta proposición marca un antes y un después en la gestión territorial en Colombia. Con mayores competencias y recursos, las regiones podrán atacar de manera más eficiente los problemas de pobreza, infraestructura y acceso a servicios básicos, acercándose a un modelo de desarrollo más equitativo y autónomo.

El gobierno, junto al Congreso, deberá trabajar en los próximos meses para concretar los detalles financieros y administrativos que permitan la implementación efectiva de estas medidas. La descentralización, una deuda histórica con los territorios, está cada vez más cerca de ser una realidad.