Hay una guerra que el productor colombiano lleva años perdiendo sin que nadie la declare oficialmente, o que en verdad nos interese realmente. No es contra el clima, aunque el verano o el invierno los ponen contra las cuerdas y también los golpea. No es contra los precios internacionales, aunque esos también duelen. Es contra el contrabando. Un enemigo silencioso que entra por las trochas, que no paga aranceles, que no cumple normas sanitarias y que destruye en días lo que un campesino construyó en meses.

El año pasado el sector papero nos dio una lección que no deberíamos olvidar. En el sur de Nariño, cerca de once mil familias paperas vivieron una de las crisis de precios más duras de los últimos años. Una carga de papa que costaba más de $30.000 pesos producir se estaba vendiendo por $12.000 o menos. Algunos agricultores simplemente dejaron la cosecha a medias porque recogerla salía más caro que venderla. Otros la regalaron. Otros la vieron pudrirse. Y mientras eso pasaba, papa ecuatoriana y peruana seguía entrando ilegalmente por las trochas del sur, hundiendo un precio que ya de por sí estaba en el piso. Y aunque grandes crisis de algunos productos vienen de la caída de los precios internacionales, no podemos negar el daño tan grande que genera el contrabando.

Y la papa no está sola en este drama. El arroz, el maíz, el fríjol, la carne. Todos los sectores tienen sus propias historias de contrabando que llega puntual cuando el productor nacional más lo necesita: justo cuando hay sobreoferta, justo cuando los precios están bajos, justo cuando el productor ya no tiene colchón para aguantar un golpe más. Las autoridades han incautado en los últimos años miles de toneladas de alimentos ilegales en las fronteras con Venezuela y Ecuador. Pero por cada camión que detienen en un puesto de control, cuántos pasan sin que nadie los vea.

Lo más grave no es que el contrabando exista. Lo más grave es que el Estado sabe dónde entra, sabe por dónde circula y sabe a quién le llega. Y aun así la respuesta sigue siendo la misma de siempre: operativos puntuales, decomisos fotogénicos y comunicados de prensa que no cambian nada estructural. El productor nacional necesita algo más que una foto con papas decomisadas. Necesita que las fronteras funcionen, que la DIAN tenga presencia real y permanente y que las salvaguardias que contempla la ley se activen cuando el sector lo exige, y no cuando ya es demasiado tarde.

Colombia aprobó este año el CONPES 4184 con más de $18 billones prometidos para el campo en los próximos diez años. Estoy muy de acuerdo en aumentar los recursos para jalonar la productividad del campo. Pero de nada servirán esos recursos si por otro lado manos ilegales compiten de forma desleal con nuestros campesinos, trayendo de otros países los mismos productos más baratos y sin el pago de los aranceles debidos. No podemos descuidar la seguridad y los controles mientras construimos el horizonte de largo plazo.

Hoy me animo a dedicarle una columna a este tema, porque en la mayoría de los casos analizo los problemas de una cadena productiva específica. Pero el contrabando no respeta cadenas: afecta a todos los productores que tienen que competir sin las mismas garantías ni las mismas capacidades. Por eso invito a este gobierno nacional a ponerse la camiseta de la seguridad alimentaria y productiva, y a encontrar, con el mismo ahínco con que se combate a los subversivos en la selva, la forma de combatir a los contrabandistas que tanto daño le hacen a nuestros productores.