Hay desastres que se miden en hectáreas y hay desastres que se miden en la mente de quienes, sin haber movido un solo dedo, dicen en las redes sociales que "no fue para tanto" y que es un “show” excesivo. Pues bien, lo que nos pasó y aun pasa en el departamento ni siquiera merece salir a debatirlo con nadie: solo basta con leer el Informe Ejecutivo de la Gobernación del Tolima, para entender la magnitud de esta tragedia.

Ahí están los números, más de 50.000 hectáreas quemadas, 28.000 de ellas en el sector agropecuario, 174.306 en riesgo inminente de perder su forraje, 2.660 productores afectados y 134 mil millones de pesos en pérdidas. Estos datos son la cruda radiografía para quienes todavía creen que esto fue "una exageración de la prensa" o peor aún, "una cortina de humo política".

La cronología oficial documenta hasta 31 incendios simultáneos en un solo día y, al cierre del último reporte (26 de agosto, 11:23 p.m.), 11 incendios seguían activos en 11 municipios. Pero tranquilos que detrás de un celular y con la valentía que da escribir desde la cama, siempre habrá alguien dispuesto a explicar, con la autoridad que da nunca haber visto un forraje quemado, que esto es normal en agosto y que la verdadera tragedia es ver a las instituciones corriendo de un lado para el otro montando un circo alrededor de cada incendio.

Han sido más de 30 días complejos, que no solo dan cuenta de las consecuencias del temblor y que  recuperar toda la flora perdida requerirá décadas, sino que a los incendios se les sumó una escalada de violencia: el asesinato de dos policías, ataques con drones y granadas, hostigamientos a un batallón, un vehículo incinerado como amenaza a un alcalde. Trece eventos de seguridad en 25 días. A quienes reducen esto a "politiquería" o "show mediático" les vendría bien recordar que las víctimas no tienen color político ni orilla ideológica.

Frente a esto, la respuesta institucional también quedó establecida y con una hoja de ruta clara: 343 subsidios, alivio financiero, la mesa "Tolima Verde Renace" con Cortolima y el Ministerio de Ambiente, una unidad de salud respiratoria y un fondo de reconstrucción para 3.262 viviendas. Se puede —y se debe— exigir que se ejecute bien.

Al final, la polarización tiene un problema estructural: no apaga incendios ni repone una sola cabeza de ganado. Los datos oficiales, en cambio, sí sirven para algo: exigir cuentas. El Tolima no necesita que le validen su desastre; necesita que el plan de recuperación —ya anunciado, ya cuantificado— se cumpla con seriedad y compromiso.