En un reciente comentario, un funcionario municipal de Ibagué mencionó que es responsabilidad de la ciudadanía evitar ser víctimas de robo, sugiriendo que no debemos "dar papaya". Esta postura es, profundamente errada y preocupante. La seguridad de una ciudad no puede recaer en la precaución individual de sus habitantes, sino en la capacidad del Estado para garantizar un entorno seguro para todos y todas.

Primero, analicemos el concepto de "dar papaya". Este término, popular en Colombia, implica que las víctimas de un delito son en parte responsables por haber facilitado las condiciones para que ocurriera. Esta mentalidad, lamentablemente, desvirtúa la responsabilidad principal del Estado y las fuerzas de seguridad: proteger a sus habitantes. Atribuir la culpa a las víctimas no solo es una evasión de responsabilidades, sino una falta de respeto hacia quienes han sufrido actos delictivos.

Un caso reciente ilustra esta problemática de manera alarmante. Mi primo fue víctima de un robo en su propia casa en Ibagué, donde fue amordazado y sometido a una experiencia traumática. ¿Acaso es su culpa que los ladrones hayan entrado a su hogar? Absolutamente no. El hecho de que ocurra un robo dentro de una vivienda subraya la falla del sistema de seguridad que debería protegernos en nuestros espacios más íntimos y privados.

La administración municipal tiene el deber de proporcionar seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. No se puede esperar que cada individuo esté constantemente alerta y tomando medidas extremas para protegerse de robos. Es responsabilidad del gobierno local y de las fuerzas del orden implementar estrategias efectivas que reduzcan la criminalidad y aumenten la seguridad pública. Esto incluye políticas de empleo que aborden el desempleo crónico de la ciudad, ya que una economía robusta y oportunidades de empleo son fundamentales para reducir las tasas de delincuencia.

En muchos países, las personas disfrutan de un nivel de seguridad que les permite caminar sin temor, utilizar sus dispositivos móviles en público y dejar objetos de valor sin la constante preocupación de ser robados. Estas condiciones no son el resultado de una población excepcionalmente cautelosa, sino de sistemas de seguridad efectivos y de una cultura de respeto y confianza. 

La construcción de confianza y de un entorno seguro requiere de políticas integrales y de un compromiso real por parte de las autoridades. Es fundamental que las estrategias de seguridad sean proactivas, no reactivas, y que incluyan la participación comunitaria, la educación y la promoción de valores de respeto y convivencia. Además, se debe invertir en tecnología y en la capacitación de las fuerzas del orden para mejorar la vigilancia y la respuesta ante delitos.

No podemos conformarnos con la idea de que, por vivir en Ibagué, debemos aceptar la inseguridad como parte de nuestra realidad cotidiana. La seguridad es un derecho fundamental, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Solo cuando las autoridades asuman su responsabilidad y adopten medidas efectivas, podremos caminar libremente por nuestra ciudad, sin miedo a ser víctimas de la delincuencia.

Greis Cifuentes PhD