La Procuraduría General de la Nación puso a disposición de la ciudadanía —y en particular de las mujeres privadas de la libertad— la cartilla "Alternatividad Penal para Mujeres - Ley 2292 de 2023", una herramienta pedagógica que traduce a lenguaje accesible la legislación vigente sobre medidas alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia.

La publicación no es un documento académico ni un resumen jurídico para especialistas. Está diseñada, según la entidad, para ser entendida por sus destinatarias: explica qué es el servicio de utilidad pública, qué son los subrogados penales, cuáles son las competencias de las autoridades judiciales y qué condiciones exige la norma para acceder a los beneficios previstos por el legislador.

El texto también aborda un punto que suele ser el verdadero cuello de botella: cómo acreditar ante un juez la condición de mujer cabeza de familia y las circunstancias de marginalidad y vulnerabilidad. Con enfoque diferencial, la cartilla detalla la documentación requerida y las rutas institucionales disponibles para radicar solicitudes.

Contra la desinformación

Uno de los objetivos declarados es combatir los mitos y la información errónea que circulan en los patios de las cárceles y que, en la práctica, desaniman a muchas mujeres a solicitar beneficios a los que tendrían derecho. La Procuraduría identifica en ese ruido una barrera de acceso a la justicia tan real como la distancia o la falta de abogado.

"Esta publicación constituye un esfuerzo institucional orientado a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres en conflicto con la ley penal", señala el documento, que se enmarca en la reducción de barreras de información y en la materialización del principio de dignidad humana.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reafirmó el compromiso de la entidad con una justicia "más incluyente, garantista y orientada a la protección de las poblaciones en condición de vulnerabilidad", con énfasis en las mujeres que ejercen labores de cuidado y sostén familiar.

A quién está dirigida la difusión

La Procuraduría no limita la herramienta a las reclusas: invita a las familias, a los defensores públicos, a las organizaciones sociales, a las autoridades penitenciarias y a los operadores judiciales a consultarla y difundirla. El propósito es que la información llegue por varios canales, dado que muchas mujeres privadas de la libertad dependen de terceros para tramitar sus procesos.

La Ley 2292 de 2023, reglamentada con dificultades y de aplicación desigual entre despachos judiciales, establece medidas de alternatividad penal para mujeres cabeza de familia. Su eficacia real, sin embargo, ha dependido de la discrecionalidad de los jueces y del conocimiento que las beneficiarias tengan de la norma. Es justamente esa brecha la que la cartilla intenta cerrar.