El contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, impartió instrucciones precisas para iniciar actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre un paquete de contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. 

La decisión responde a las denuncias divulgadas por diversos medios de comunicación en torno a la presunta mala utilización de recursos públicos, fallas técnicas y deficiencias de calidad en la adquisición de bienes.

En total, las indagaciones preliminares abarcan cinco contrataciones que suman aproximadamente $20.783 millones, recursos destinados a áreas sensibles de seguridad e inteligencia.

Los contratos bajo la lupa

El organismo fiscalizador detalló los frentes específicos que serán examinados de manera prioritaria:

Helicóptero no tripulado: Compra por cerca de $9.000 millones. Se verificarán las especificaciones técnicas, las causas de las presuntas fallas de funcionamiento, las circunstancias que rodearon un siniestro registrado en marzo de 2026 y la respectiva aplicación de las pólizas y garantías.

Sistemas antidrones: Adquisición de tres equipos por un valor aproximado de $8.340 millones, con el fin de determinar su operatividad real, cumplimiento técnico y correspondencia con las necesidades operativas de la entidad.

Equipos de cómputo: Inversión de cerca de $1.314 millones para la entrega de 595 computadores, evaluando denuncias sobre incumplimientos de especificaciones y fallas de calidad.

Sistema de identificación biométrica: Contrato por valor cercano a $580 millones. La Contraloría establecerá por qué el sistema no habría entrado en operación y si cumplió con los propósitos tecnológicos previstos.

Mobiliario y dotación en Funza: Contratación por aproximadamente $1.549 millones destinada a las instalaciones de la DNI en dicho municipio, enfocándose en los estudios de mercado y en la verificación de posibles sobrecostos.

Adicionalmente, se auditará el estado de ejecución del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia para constatar el cumplimiento de las obligaciones y el buen destino de los recursos comprometidos.

"La seguridad nacional no es excepción al control": Contralor General

Ante cuestionamientos recurrentes sobre los límites de la reserva legal en entidades de seguridad, el Contralor General fue categórico en señalar que los recursos de inteligencia no escapan al escrutinio fiscal:

"La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos. La reserva de la información debe garantizar la seguridad del Estado, pero no puede impedir la verificación del uso adecuado de sus recursos. Cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables", afirmó Laverde Vargas.

Para avanzar en las pesquisas, la Contraloría exigirá la documentación completa, incluidos estudios previos, supervisiones, interventorías, actas de recibo y soportes de pago.

El ente de control aclaró que estas actuaciones se originan a partir de la información pública de los medios de comunicación y no constituyen un fallo de responsabilidad definitivo. 

Las conclusiones dependerán de las verificaciones técnicas y financieras, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia. 

En caso de hallarse detrimento patrimonial o presuntos delitos e irregularidades disciplinarias, el caso será remitido a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría.