La Contraloría General de la República emitió una Advertencia Especial dirigida al Ministerio de Salud tras detectar graves riesgos en la ejecución de los recursos públicos destinados a la infraestructura hospitalaria del país.

Según los hallazgos del seguimiento adelantado durante el primer semestre de 2026 por la Contraloría Delegada para el Sector Salud, con corte al 30 de junio de este año, el Ministerio registra $10,18 billones en transferencias y subvenciones condicionadas que aún se encuentran pendientes por legalizar, lo que pone de relieve la urgencia de robustecer los mecanismos de control y supervisión.

Proyectos con retrasos y baja culminación

Como parte de la fiscalización, el organismo evaluó una muestra de 40 proyectos de infraestructura y dotación de equipos médicos financiados entre 2022 y 2025, los cuales suman asignaciones por $1,03 billones. De ese total:

22 proyectos (que equivalen a $541.194 millones o el 52,77% del valor analizado) presentan retrasos considerables o suspensiones que ameritan vigilancia especial.

Tan solo el 1,61 % de los recursos asignados en dicho periodo corresponde a proyectos que han sido reportados oficialmente como terminados.

Ante este panorama, el Contralor General de la República, Jorge Eliécer Laverde Vargas, alertó sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos públicos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Principales fallas estructurales

El informe de la Contraloría detalló que las dificultades en la ejecución no son menores e involucran problemas críticos como:

Deficiencias en los estudios y diseños previos.

Modificaciones recurrentes en el alcance de las obras.

Mayores cantidades de obra y actividades no previstas inicialmente.

Insuficiencias presupuestales y debilidades marcadas en la trazabilidad de los recursos financieros.

Asimismo, el organismo advirtió que existen desencuentros preocupantes entre las obras efectivamente ejecutadas y los proyectos que fueron viabilizados en un principio, lo cual impacta de manera directa en los costos finales, los plazos de entrega y la funcionalidad futura de los hospitales.

Finalmente, el ente de control enfatizó que la vigilancia fiscal continuará de forma rigurosa con el fin de anticipar riesgos y prevenir detrimentos patrimoniales, recordando que el objetivo primordial no se limita a comprometer o ejecutar presupuestos, sino a garantizar hospitales en funcionamiento real, servicios de salud efectivos y una mejor atención para los ciudadanos.