El Ministerio del Trabajo, bajo el liderazgo de la ministra Natalia López Fuentes, avanza en la articulación interinstitucional para acompañar el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el propósito de velar por el respeto de los derechos laborales de sus servidores públicos y contribuir a una transición administrativa ordenada y ajustada a la ley.

En este contexto, la titular de la cartera laboral sostuvo una reunión con representantes del Departamento Administrativo de la Función Pública y el equipo liquidador del Ministerio de Igualdad y Equidad, encabezado por el ministro liquidador John Milton Rodríguez González, en la que se revisaron los avances del proceso y las medidas de coordinación necesarias para atender las situaciones laborales derivadas de la liquidación. 

“Las decisiones judiciales se cumplen con responsabilidad y respeto por la ley, pero también con un compromiso claro: proteger los derechos laborales de los servidores públicos. Desde el Ministerio del Trabajo velaremos por que este proceso de liquidación se adelante con transparencia, seguridad jurídica y pleno respeto por las garantías de quienes han prestado sus servicios al Estado. Ninguna transformación administrativa puede estar por encima de los derechos laborales”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes. 

Este procedimiento se adelanta en cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la norma de creación de dicha cartera y de las disposiciones establecidas en el Decreto 626 de 2026.

Durante el encuentro se presentó un balance de la situación administrativa, financiera y laboral de la entidad, con especial atención a las garantías legales de los servidores públicos.

Como resultado de la reunión, se acordó establecer una mesa técnica de coordinación entre el Ministerio del Trabajo, Función Pública y el equipo liquidador, que permitirá hacer seguimiento a las situaciones laborales y administrativas que se presenten durante esta etapa.

La cartera laboral continuará acompañando el proceso dentro del ámbito de sus competencias, promoviendo una actuación coordinada entre las entidades responsables y el cumplimiento de las disposiciones legales y judiciales aplicables.

El Gobierno nacional reafirma así su compromiso con una transición administrativa responsable, sustentada en la seguridad jurídica, el respeto por los derechos laborales y la protección de las garantías de los servidores públicos.