El contralor general de la República, Jorge Laverde, expidió una Resolución Reglamentaria Orgánica, mediante la cual se establece un plan específico de vigilancia y control fiscal sobre los bienes, fondos y recursos destinados a atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica que el Gobierno nacional declaró por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El plan comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Caquetá y Santander, que fueron incluidos en la declaratoria del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, adicionado y modificado por el Decreto 1348 de 2026. De acuerdo con las estimaciones del Gobierno Nacional, la atención humanitaria, la rehabilitación y reconstrucción representan recursos cercanos a los 30 billones de pesos.

“Con esta decisión ponemos en marcha la cuarta generación de control fiscal: aprender de los daños conocidos, detectar los riesgos y actuar antes de que el dinero se pierda. Usaremos análisis de datos para identificar patrones de riesgos, con alertas tempranas y revisión humana”, afirmó el Contralor General.

Serán objeto de vigilancia y control todos los actos de gestión fiscal relacionados con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, de los presupuestos de las entidades territoriales, de aportes, contribuciones y donaciones nacionales o internacionales, y de recursos de crédito público interno o externo, destinados para la atención humanitaria, rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas por la emergencia. 

La Contraloría exigirá la trazabilidad integral de cada peso: fuente, destinación, cadena presupuestal, ordenador del gasto, contratos, supervisión, beneficiarios, entrega de ayudas y avance físico-financiero.

La entidad ejercerá  su competencia prevalente y concurrente sobre la gestión fiscal de los departamentos y municipios involucrados. 

Para fortalecer esta labor contará con observatorios sectoriales, analítica de datos y alertas tempranas. Asimismo, las advertencias y denuncias ciudadanas y del Congreso relacionadas con la emergencia recibirán atención prioritaria en la gestión institucional.

La ciudadanía podrá participar activamente en la vigilancia de estos recursos a través de los canales institucionales de denuncia y de los mecanismos de control fiscal participativo. La Contraloría informará sobre los avances y resultados de esta fiscalización.