Un informe del Ministerio Público advierte un grave deterioro en la Nueva EPS tras casi dos años de intervención estatal y pide investigar a 13 exfuncionarios del Gobierno Petro.

En el centro de las observaciones aparece el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quien figura entre los 13 exfuncionarios señalados por la Procuraduría para una posible investigación disciplinaria.

En el listado también aparecen siete exsuperintendentes de Salud y cinco interventores, a quienes se les atribuyen posibles fallas en la gestión y vigilancia del proceso.

El informe plantea además responsabilidades compartidas entre los interventores, la Superintendencia Nacional de Salud por su selección y control, y el Ministerio de Salud como ente rector del sistema.

Las cifras descritas por el Ministerio Público reflejan un panorama crítico. Las peticiones, quejas y reclamos casi se duplicaron, pasando de 451.000 en 2023 a cerca de 935.000 en 2025, lo que evidencia un aumento sostenido en la inconformidad de los usuarios.

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 216.308 PQRS, de las cuales más de la mitad seguían sin respuesta. Para la Procuraduría, este mecanismo ya no estaría cumpliendo su función como vía efectiva de acceso al sistema de salud.

Los principales reclamos se concentran en la entrega de medicamentos y la asignación de citas con especialistas.

A esto se suma la alerta financiera: la Procuraduría advierte un patrimonio negativo proyectado de 11,94 billones de pesos y un rezago de facturas cercano a 12,98 millones, que compromete obligaciones superiores a 13,5 billones.