Un ciudadano oriundo del sur del Tolima denuncia ser víctima de un falso positivo judicial y reveló presuntas irregularidades en su proceso, así como condiciones indignas de detención que lo llevaron, junto con otros internos, a declararse en huelga de hambre.

Jonathan Andrés Díaz Quintero, quien asegura llevar nueve meses privado de la libertad en la estación de policía de Chaparral, afirmó mediante un video que fue capturado injustamente por parte de la Fiscalía y la Policía Judicial, quienes habrían usado testigos falsos para vincularlo a un hecho violento. Según su relato, uno de los testigos reconoció posteriormente haber sido presionado para mentir a cambio de beneficios en otros procesos judiciales.

El detenido señaló que ha presentado múltiples pruebas de su inocencia, incluyendo una historia clínica que demostraría su imposibilidad de estar en el lugar de los hechos, registros de llamadas y testimonios de personas que se encontraban con él el día en cuestión. A pesar de ello, asegura que la Fiscalía insiste en mantener el proceso en su contra, incluso acogiendo de manera irregular la Ley 1908 de 2018, la cual, según él, no se ajusta a su caso.

Además del proceso judicial que califica de injusto, Díaz Quintero denunció las precarias condiciones en las que se encuentra recluido junto con otros 16 internos. Entre las acusaciones destaca la falta de acceso digno a servicios de salud, alimentación y visitas, así como el incumplimiento sistemático de lo establecido en la Ley 65 de 1993, que regula los derechos de las personas privadas de la libertad.

"Estamos viviendo un secuestro masivo", dijo el detenido, al explicar que muchos de los reclusos llevan entre 9 y 17 meses sin acceso a condiciones mínimas de detención. Según el denunciante, ni siquiera cuentan con agua potable o un baño adecuado, y varios padecen enfermedades graves sin recibir atención médica oportuna.

El grupo de internos decidió iniciar una huelga de hambre como mecanismo de presión para que la Procuraduría y otras entidades del Estado escuchen sus denuncias y verifiquen los abusos que aseguran estar sufriendo por parte del teniente que los custodia, a quien señalan de actuar con capricho, negando la entrada de alimentos y elementos de aseo traídos por familiares.

Díaz Quintero enfatizó que esta protesta es pacífica y se hace con respeto hacia las autoridades, pero exigió garantías jurídicas y condiciones mínimas de dignidad humana mientras se aclara su situación legal.

"No estoy llorando, estoy reclamando mis derechos y los de mis compañeros. No se trata de pedir favores, sino de que se respete la ley", concluyó.

En su testimonio, también advirtió sobre presuntos actos de violencia por parte del cuerpo policial contra personas privadas de la libertad y habitantes de calle, asegurando tener pruebas en video que serán presentadas ante los entes de control.