En 2011, mediante la Resolución 185, el municipio legalizó los planos urbanos de Ambikaima–Arikaima, especificando la creación de 299 lotes y un lote de reserva destinado a uso comunal. Esta decisión fue formalizada en 2012 con la Escritura Pública 1196, que consolidaba el loteo y destinaba el lote de reserva para el uso de la comunidad. Al concluir el proceso de liquidación de la fundación ese mismo año, el municipio estipuló un plazo de cinco años para el reconocimiento de acreencias, pasado el cual el predio debía ser restituido a la comunidad en 2017.

Sin embargo, en 2018, Jackson Gildardo Barragán Riaño, representado por Tania Gabriela Palomar Díaz, inició un proceso de pertenencia sobre este lote alegando posesión continua desde ocho años atrás. La situación generó suspicacia debido a que Tania Palomar es hija de Víctor Manuel Palomar, economista contratado en 2012 para apoyar la liquidación de los bienes de la fundación y que tenía conocimiento del estatus del lote de reserva. Para la comunidad, esta relación sugiere un posible conflicto de intereses en el proceso de adjudicación de un predio destinado al uso público.

Ante el proceso judicial, la comunidad de Ambikaima presentó una acción popular para salvar el uso comunal del predio. En la audiencia de pacto de cumplimiento, el juzgado vinculó al municipio de Ibagué para apoyar la defensa del bien público. Sin embargo, el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Tirso Bastidas desanimó a los vecinos, al desestimar el interés del municipio en intervenir, señalando que el conflicto era entre particulares y bienes privados, lo cual contradice la finalidad de uso comunal establecida en la escritura de 2012.

La comunidad de Ambikaima ha manifestado su desconcierto por la postura del municipio, pues considera que el lote es un bien de interés público y debería ser protegido como tal. El rechazo del municipio a involucrarse genera dudas sobre los motivos de esta decisión y fortalece la posición de los vecinos, quienes continúan exigiendo que el predio sea respetado como un espacio comunal, conforme a los acuerdos de liquidación de la Fundación Compromiso Social y la normativa de urbanismo local.